La situación con la empresa concesionaria del servicio del aeropuerto de la Base, Louis Berger Aircarft Services Inc. (LBAS) es insostenible. Al bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de la plantilla de trabajadores, se suman los despidos, y las dificultades que están encontrando los trabajadores para ejercer su derecho a huelga, dos ya este año y una tercera a estudio, mientras la empresa sustituye a los huelguistas por militares norteamericanos o coloca a otros trabajadores a realizar otras funciones que no les competen.
Ante este panorama, los partidos poíticos locales se han unido en bloque, tanto aquellos que cuentan con representación municipal como los que no, para firmar una carta conjunta que será enviada a autoridades tales como el secretario de Estado para la Defensa, Agustín Conde, al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, al Almirante de la Base, Santiago Ramón González y al Comandante de Actividades Navales de la Navy, Michael D. Macnicholl. En la misiva, los firmantes, en calidad de representantes de los diferentes partidos políticos de la localidad de Rota, trasladarán a los remitentes la naturaleza del conflicto abierto con LBAS y su plantilla, que se basa en las convocatorias de huelga por las cuales se pide la readmisión de los trabajadores despedidos, la anulación de los expedientes disciplinarios abiertos durante el conflicto, y la necesidad de que la empresa se siente a negociar el convenio colectivo bajo el principio de buena fe de ambas partes.
Los representantes políticos trasladarán a las autoridades destinatarias de la misiva que los trabajadores y sindicatos les trasladan que no se están respetando los servicios mínimos fijados por la Delegación del Gobierno, que los trabajadores a pesar de no estar de acuerdo, "respetan escrupulosamente", pero no así la empresa, que está llevando a cabo "actuaciones que no son admisibles en nuestro Ordenamiento Jurídico", como el anteriormente mencionado uso de militares norteamericanos para sustituir a los huelguistas, o cambiando turnos y haciendo uso de personal directivo para desempeñar funciones de otras categorías "con el claro propósito de minimizar los efectos de la huelga".
En la carta se denuncia además que los trabajadores no tienen modo de veriticar lo que ocurre dentro del recinto militar, ya que incluso la Inspección de Trabajo ha de solicitar formalmente permiso para entrar, por tanto desvirtuándose el efecto de la misma.
En este sentido, y ante el desamparo de la plantilla de trabajadores, "con la violación de un derecho fundamental como es el de huelga que se podría estar dando por parte de un país extranjero, suponiendo un quebrando de la soberanía nacional española", se acude a las distintas autoridades destinatarias para pedirles que eleven quejas formales al Gobierno de EEUU para que se cesen las actuaciones de sustituir a empleados por militares norteamericanos en las huelgas, así como que se nombre a un verificador objetivo que pueda desarrollar sus funciones dentro del recinto militar sin trabas.
Se pedirá además que se intermedie con LBAS para que regrese al status quo previo al inicio de las negociaciones, readmitiendo a los despedidos y anulando expedientes sancionadores, para seguir con el curso de las mismas. No obstante, se emplaza a los destinatarios a una posible cita en persona para que los portavoces políticos y de los trabajadores puedan explicar cara a cara la complejidad de la situación y resolver las dudas que pudieran surgir.
Del mismo modo se pedirá cita con la empresa LBAS para mantener un encuentro de las mismas características, que hasta ahora no se ha producido, ya que la propia empresa ha manifestado al alcalde que su intención es externalizar ciertos servicios como el de transporte o el de atención al pasajero, lo cual produciría una importante merma a la plantilla.
Los partidos políticos locales consideran su obligación defender no solo a los trabajadores del aeropuerto, sino a los trabajadores de la base en general, porque ello supone un golpe para la economía de las familias, y por tanto del pueblo de Rota. Las cartas, firmadas in situ por los representantes de los partidos, (PSOE, PP, IU, RRUU, Sí se puede Rota, UPyD y Ciudadanos), serán enviadas a la mayor brevedad.
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