Las diligencias previas del caso conocido como "de las horas extras" han finalizado, y la jueza instructora del caso, del juzgado nº 2 de Rota, ha dictaminado abrir juicio oral por un presunto delito de prevaricación a la alcaldesa de Rota, María Eva Corrales, al primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, y a siete personas más relacionadas con el caso, entre funcionarios y trabajadores municipales.
La denuncia partía de Izquierda Unida Rota, que en abril del pasado año daba a conocer en rueda de prensa que la Fiscalía había admitido a trámite una denuncia interpuesta por el partido, tras detectar supuestas irregularidades en el pago de una cantidad de horas extras "desorbitada" a un funcionario municipal durante los años 2007 a 2010 inclusive.
Como resultado de dicha denuncia, se daba la imputación de siete personas relacionadas con este caso, entre ellas el ex alcalde de Rota y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y la que fuera en el periodo de alcaldía del primero delegada de Fiestas y de Relaciones Institucionales y actual alcaldesa de la Villa, María Eva Corrales Caballero.
Desde Izquierda Unida explicaban que fue en el año 2010 cuando recibían en su sede de forma anónima un cuadrante de horas extras de los funcionarios municipales, y tras estudiarlo descubrían que un funcionario en particular había estado recibiendo desde el año 2007 una media de 2.500 euros aparte de su sueldo todos los meses, "incluso meses en los que este funcionario se encontraba de vacaciones".
Este funcionario al parecer, y según estos cuadrantes, realizaba más de setenta horas extras todos los meses, llegando a realizar hasta 349 horas en un mes. Preguntando a sus compañeros de trabajo, aseguraban a Izquierda Unida que ese empleado no había realizado esas horas extras reflejadas en los papeles, y tras comprobar la autenticidad de dichos partes, y en virtud de su "responsabilidad social" como servidores públicos, lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
Esas cantidades, que ascienden al total de 42.000 euros, no solo hicieron pensar al partido que podían revestir irregularidades a nivel laboral, sino que además les despertó sospechas de que pudiera haber detrás pagos encubiertos de algún otro tipo de actividad realizada por esta persona o por una persona cercana a este funcionario. Al presentar estos datos ante la Fiscalía, ésta investiga y llega a la conclusión de que podían existir indicios de un presunto delito continuado de prevaricación.
Desde este anuncio en prensa, Izquierda Unida mantuvo su intención inicial de no dar publicidad al proceso, y poco o nada se ha sabido al respecto hasta el momento en que se ha publicado en prensa la conclusión de este proceso de instrucción. Tampoco en su momento los principales afectados, la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, manifestaron su parecer al respecto, aunque en declaraciones a Diario de Cádiz, Lorenzo Sánchez sí manifestaba que el funcionario en cuestión llevaba años trabajando para el Consistorio elaborando trabajos de bordado para las bandas de las Damas del Rosario, y otro tipo de elementos ornamentales como pendones, o las dalmáticas de los maceros, y que con el pago de horas extras el Ayuntamiento pretendía "regularizar" este proceso, ya que en años anteriores, y con otros Gobiernos, el pago siempre se había llevado a cabo en negro. Todo ello con informes previos que no advertían la ilegalidad de esta fórmula.
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