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Escolarización fraudulenta

Cuando de meter, a la hija o al hijo en el colegio X, se trata, para muchas familias todo vale. Antaño cuando las decisiones de escolarizar se utilizaban las i

Cuando de meter, a la hija o al hijo en el colegio X, se trata, para muchas familias todo vale.  Antaño cuando las decisiones de escolarizar se utilizaban las influencias. Evidentemente muy poco de esto salía a la luz. El argumento de que cualquier tiempo pasado fue mejor y, aunque algo de bueno siempre ha habido, es equivoco también en este asunto donde el fraude se destapa. Y es que el aumento publicitario, en estos y otros sucesos, se debe en parte al  mayor control social, que sobre el ejercicio de derechos ciudadanos se va teniendo. Y queda mucho aún por avanzar en esto que se ha venido llamando transparencia.
Quienes defraudan en esto de escolarizar falseando enfermedades, estados civiles, domicilios…. para obtener maliciosamente mayor puntuación de la que le corresponden, se están jugando ir a la cárcel por intentar que sus hijos estudien en el colegio determinado.  Por ejemplo en la hoja de empadronamiento del Ayuntamiento se dice textualmente lo siguiente: “DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:….- Que dispongo de capacidad legal su¬ficiente para llevar a cabo la referida inscripción padronal o cambio de domicilio…. Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan, y que de comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se instruirá expediente de baja  por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que procedan”.
No se airea lo suficiente las consecuencias que podrían derivarse de estas alteraciones de documentales. ¿Se sabe que algunos de esos fraudes pueden estar penados con hasta 3 años de cárcel? ¿Se conoce que el alumnado que ha entrado fraudulentamente puede ser escolarizado en otro centro obligatoriamente? ¿Se tiene idea de que se contratan detectives privados para destapar el fraude?
Por otro lado ¿Tan complicado es conocer si de verdad se padece una enfermedad, o el domicilio familiar es el que se dice? Más allá de las adjudicaciones de puestos escolares y de la matriculación consiguiente, los centros educativos y concretamente la dirección de los mismos tienen datos de sobra, del día a día,  para llegar a la conclusión de que se mintió en el proceso de escolarización. ¿Ejemplos?, cientos. Uno recogido, de un jefe de estudios, en 2010 (en el confidencial): -Hay niños que cuando se matriculan son celíacos y ¡oye!, en septiembre, cuando empieza el comedor ¡se han curado!”. Declaraciones en IRPF de familias que dicen no tener nada y sin embargo se presentan en los centros con ostentosos vehículos,  móviles, joyas…. E incluso se conoce, porque es de dominio público, que  goza de un alto nivel económico.  Más evidente si cabe es cuando a la entrada de un centro educativo aparecen, a la entrada y salida, cientos de vehículos para llevar y recoger alumnado. Si  el centro es el  cercano al domicilio ¿Dónde viven estas criaturas?  Más aún cuando es el propio centro el que tiene un servicio de autobús para recoger niñas y niños a distancias incluso superiores a 10 km, sin duda fuera de su zona de escolarización. Y familias que tienen la casa pared con pared de ese centro tienen que llevar (en coche) a sus hijas e hijos a centros escolares muy distantes.
Una vez detectado el “posible” fraude ¿Por qué no se investiga en ese momento y corrige lo que sea menester? ¿Dejación, pocas ganas de meterse en faena, falta de apoyo político? ¿Instrucciones, nunca escritas, de arriba, de “mejor  dejar estar el asunto”? ¿Favores, que con favores se pagan?.. Un sinfín de interrogantes que nunca dejan en buen lugar a quienes dirigen los centros y a la mismísima Delegación (provincial o territorial) de Educación. Paradojas que en nada ayudan a tener confianza en una ley ninguneada por quienes deben aplicarla. 


Fdo Rafael Fenoy Rico

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