Tanto el acceso a producciones culturales en distintos formatos, como el disfrute del recogimiento propio de un lugar tranquilo y silencioso, por definición, justifican la existencia de las Bibliotecas públicas, o mediatecas, por aquello de custodiar no sólo libros o revistas y ofrecer acceso gratuito a la información y la cultura. La red de bibliotecas públicas andaluzas estaba compuesta, según informe de la Consejería del ramo en 2012, de 695 unidades administrativas, que ofrecían 870 puestos de servicio fijos y 4 móviles lo que suponía en total una oferta de 874 instalaciones. Desglosado el dato por provincias: Almería 105, Cádiz 176, Córdoba 96, Granada 112, Jaén 108, Málaga 153 y Sevilla 133. No obstante es evidente que el conjunto de Bibliotecas ubicadas en instituciones públicas es mucho mayor, por ejemplo las que ofrecen los campus universitarios o las que se encuentran en los centros educativos. Concretamente el número de centros educativos públicos que imparten enseñanzas no universitarias es de 4.587. De ellos tienen bibliotecas algo más de 3.200, dedicados a enseñanza primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria. El sindicato CGT viene realizando una campaña para que el Parlamento andaluz exija al gobierno desarrollar un plan de Bibliotecas escolares que las conviertan en recursos comunitarios para barrios de las ciudades, pedanías y pueblos.
En algo más de veinte años estas bibliotecas escolares han pasado de una situación de falta de libros de lectura y consulta, a tener una aceptable dotación de ellos, por lo que es posible convertirlas en un recurso comunitario de primer orden, tanto para la animación a la lectura, como la extensión cultural necesaria en una población, como la andaluza, que cuenta con porcentajes de lectores de libros en su tiempo libre inferiores a la media española y bastante inferiores, si se compara con Madrid por ejemplo, que le saca más de 20 puntos de ventaja. Convertir las bibliotecas escolares en recurso comunitario requiere pequeñas inversiones que, además, completarían la oferta educativa de los centros educativos públicos. Dotándolas de profesionales especializados -tanto en animación a la lectura como en la gestión de la documentación y la archivística- que tendrían a su cargo la ampliación, conservación, catalogación de existencias y su buen funcionamiento; cada biblioteca quedaría convertida en agente de desarrollo comunitario.
Fdo. Rafael Fenoy Rico
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