Una persona la atiende y le pregunta ¿esta señora impedida es inmigrante? Antonio le contesta que no, que es vecina nacida en Algeciras. La funcionaria le responde:
En este caso no podemos hacer nada ya que este servicio es para inmigrantes.
Antonio que no acaba muy bien de comprender solicita que le atienda la jefa de la unidad y amablemente esta lo recibe. Después de exponerle Antonio el caso, la funcionaria reconoce que hay motivos y razones para solicitar la ayuda, pero que la ayuda es solo para inmigrantes. Después de manifestarle Antonio su indignación, el funcionario le vuelve a reconocer que lleva razón en lo que expone, pero que las normas establecen que las ayudas son solo para inmigrantes y que traslade sus quejas al gobierno andaluz. Antonio muy mosqueado le responde que al menos quiten el letrero de la puerta donde aparecen palabras tan bellas como "igualdad" y "bien estar social".
Hasta aquí el relato de hechos ciertos y que dan que pensar, ya que cualquier norma dictada por el poder político que haga distingos entre ciudadanos o ciudadanas y más aún estableciendo categorías en función de raza, etnias o lugar de nacimiento, atenta contra derechos fundamentales. Pero no es una cuestión legal la que debe dirimirse, en el fondo toda norma pretende un objetivo y en el caso de la población inmigrante el principal de ellos es su integración social, de forma que en toda la ciudadanía prime el un nosotros inclusivo. Aplicar criterios discriminatorios para con unos, supone generar sentimientos de exclusión de los otros, y al final se llegan a generar en quien esto padece un sentimiento de xenofobia peligrosísimo si de verdad deseamos una buena convivencia ciudadana.
Por ello esta anécdota verídica ilustra por un lado la desinformación que la ciudadanía tiene, muchas veces interesada porque los políticos publicitan a bombo y platillo campañas que después tienen mucha letra menuda (como los seguros y contratos), de suerte que todos tenemos derechos a casi todo, pero …. hay miles de peros, al final no nos corresponden. Es preciso reordenar las ideas sobre la justicia redistributiva, ya que si a la hora de aportar mediante la recaudación de hacienda, a cada persona se le exige de forma diferente, no tiene ningún sentido de que además de aportar más se le excluya de los beneficios sociales que hacen posible un trato justo y solidario. Las ventajas sociales deben serlo para todos y para ello cada uno debe aportar en función de su capacidad. Los que aporten más no recibirán más, sino lo que necesitan en pié de igualdad, ahora sí, con todos sus vecinos y vecinas.
En este caso Antonio lleva mucha razón y los servicios de “Igualdad” deben o no gestionar lo que nos divide, o simplemente denominándose de otra forma. Al menos aunque haya discriminación será conocida por todas las personas y que cada político aguante su vela.
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