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HUELVA | BEBÉS ROBADOS

La Audiencia se pone seria

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Luz para los afectados · Jocase

Joaquín Cabanillas
01/05/2012 22:38

El auto en cuestión pertenece al caso particular de Esperanza Ornedo, presidenta de ‘SOS Bebés Robados Huelva’. Pero el contenido del documento marca un antes y un después en la investigación de los casos, ya que será extrapolable al resto de afectados instando a los juzgados de instrucción a llegar hasta el final de los procedimientos hasta ahora archivados.
Y es que la Audiencia Provincial de Huelva, encabezada por su presidente Jesús Fernández Entralgo, y con la ayuda de los magistrados Santiago García y Francisco Bellido, dictó el pasado 20 de abril un auto por el que admite el recurso interpuesto por la Fiscalía al archivo por prescripción del caso de Esperanza Ornedo, que busca a su hermana presuntamente robada cuando nació el 23 de marzo de 1968 en el Hospital Manuel Lois de la capital onubense.

“Apoyo total”
La importancia del auto estriba en que tratándose de un caso particular aviva la investigación hasta el final del resto de denuncias. José Luis Orta, abogado de ‘SOS Bebés Robados Huelva’, valora que este paso adelante de la Audiencia Provincial busca “evitar el archivo definitivo por prescripción de los procedimientos penales abiertos en Huelva”. Según explicó el letrado a Viva Huelva, la relevancia del asunto estriba en que como “consecuencia directa es obligar a los juzgados de instrucción a que reabran de nuevo la investigación de los asuntos que no han sido finalizados por considerar en el juzgado de procedencia que los delitos que se investigaban estaban prescritos”. “Hasta ahora, muchos Juzgados ni tan siquiera comenzaban la instrucción del proceso y decretaban el archivo provisional de los mismos. A partir de este auto, si la propia Audiencia sigue la línea marcada, todos los procedimientos archivados provisionalmente volverán a reabrirse y a continuar hasta el final sus investigaciones”, celebra Orta.
Otro de los aspectos que analiza el letrado onubense es que el nuevo Presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Germán Pontón, que entrará en funciones a mediados de mayo, “resolvió también favorablemente otro archivo provisional, por lo que se espera una continuidad en la idea de no dejar que ningún procedimiento sea cerrado sin una investigación plena”.
Ante esta buena noticia para los afectados, Orta explica que “a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades españolas en las que la Audiencia ha dado carpetazo definitivo a algunos asuntos relacionados con la trama de bebés robados, Huelva marca un antes y un después con esta resolución. Se espera que cree Jurisprudencia y que permita invocarlo a muchas familias para que su asunto llegue hasta el final de la instrucción”.
Por último, Orta valora de manera especial que el auto “contempla la posibilidad de calificar jurídicamente los hechos, según cada caso, en delitos de sustitución y sustracción de menores o detención ilegal y a su vez, considerar estos delitos como permanentes (no prescritos) o de consumación continuada en los que no comenzaría a computar el plazo de prescripción hasta que el bebé que fue robado, persona adulta en la actualidad, supiese su circunstancia. Esto supondría abrir la puerta a la investigación judicial de los procesos penales sobre bebés robados”.

Fernández Entralgo se despide con un auto de gran proyección
A mediados de mayo, Jesús Fernández Entralgo dejará su cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, entregando el relevo a Antonio Pontón. Pero antes de irse, Fernández Entralgo ha dejado un auto “extenso y de gran proyección jurídica, que invoca preceptos tan generales como la finalidad del procedimiento penal, consistente en la investigación, enjuiciamiento y resolución del conflicto”, explica José Luis Orta, que ha querido “agradecer la profesionalidad y la altura” de un documento que permitirá que “cada caso se estudie de manera pormenorizada”, ya que “los jueces de instrucción se verán obligados a tomar declaración, bien como testigos, o bien como imputados, a aquellas personas que se vean relacionadas con cada caso en concreto, profesionales sanitarios que intervinieron en procesos cuya claridad es puesta en duda e incluso aquellos que intervinieron en los procesos administrativos en el Registro Civil o en los propios historiales clínicos o que intervinieron de una u otra forma, caso de algunos religiosos”.

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