En la cuarta jornada de la declaración que presta ante la juez Mercedes Alaya, Fernández está enfrentándose "con respuestas cortas" a las 212 preguntas de la acusación del PP, de las que ya se han formulado unas 170, según han informado a los periodistas letrados personados en la causa durante un receso.
Al ser preguntado sobre la utilización del "fondo de reptiles" para el pago de determinadas ayudas, Fernández ha parado a la letrada y ha señalado que no admite que se hable con esos términos porque era un montante que estaba "presupuestado".
Durante el interrogatorio, la acusación particular del PP le está preguntando por casos concretos de empresas y detalladamente por las ayudas, aunque Fernández muestra su convencimiento de la legalidad del procedimiento y el desconocimiento de lo que hacía el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión por esta causa, han añadido las fuentes.
Al ser preguntado por la finalidad de determinadas ayudas el exconsejero está negando incluso que conozca esas ayudas y no ha explicado por qué algunas de ellas no se llevaron al Consejo de Gobierno, aunque por ley tenían que hacerlo.
Además, ha respondido que las necesidades económicas de su Consejería las discutía por carta con el viceconsejero de Hacienda y, en algunos casos, con el consejero de ese área.
Tras unas dos horas y media de declaración, Fernández debe ahora continuar contestando las preguntas de las acusaciones del PP y de Manos Limpias, para después enfrentarse a las de las defensas, con la previsión de terminar hoy el interrogatorio.
Durante la jornada de ayer, la juez Mercedes Alaya le hizo unas doscientas preguntas y la Fiscalía Anticorrupción unas sesenta, en un interrogatorio que supera ya las treinta horas tras comenzar el pasado viernes.
Zarrías: "Conozco a Antonio Fernández y creo que hizo un buen trabajo en un momento muy difícil y complicado"
El secretario federal del Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha asegurado este lunes que el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, que declara desde el pasado viernes como imputado ante la juez encargada del caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, "hizo un buen trabajo en un momento difícil y complicado".
Zarrías se ha pronunciado de este modo, durante una entrevista a ABC Punto Radio recogida por Europa Press, al ser preguntado por la declaración ante la juez Mercedes Alaya de Antonio Fernández, con el que coincidió en el Gobierno andaluz durante su etapa como consejero de la Presidencia de la Junta.
"Conozco a Antonio Fernández y creo que hizo un buen trabajo en un momento muy difícil y complicado", ha comentado Zarrías, que ha señalado que el caso se encuentra en una fase inicial y por ello "hay que esperar a que termine".
En este sentido, ha asegurado que "habrá que esperar a que el procedimiento siga para hacer un juicio con mayor contundencia" aunque ha puntualizado que desde "el punto de vista personal" no se encuentra preocupado.
"Posiblemente el comportamiento de algunas personas que en este momento están en prisión deja mucho que desear y no comparto muchas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Si se confirmaran en sentencia hay cosas que bajo ningún concepto son permisibles", ha explicado.
Fernández: "Siempre he tenido la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad"
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha concluido su interrogatorio ante la juez Mercedes Alaya defendiendo que "siempre he tenido el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad y de legalidad presupuestaria".
Tras más de 20 horas de declaración y cerca de 200 preguntas, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha concluido el interrogatorio del exconsejero de Empleo y le ha preguntado si quería añadir algo más, a lo que el imputado ha dicho que sí, señalando que "siempre he tenido el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad y de legalidad presupuestaria", tras lo cual la magistrada ha decretado un receso para el almuerzo.
Ante la Fiscalía Anticorrupción
Un informe emitido en 2008 por la agencia IDEA y refrendado por la Intervención General de la Junta avaló y consideró "correcto" el convenio marco suscrito en 2001 por el que se regularon las ayudas irregulares que están siendo investigadas por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, según ha desvelado este domingo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Fernández ha explicado que en el año 2008, y una vez Juan Márquez sustituyó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social, le dio una serie de instrucciones para que solicitara de IDEA un informe que determinara si el procedimiento de concesión de ayudas era o no correcto.
A continuación, y refrendada por la Intervención General de la Junta, IDEA contestó señalando que el procedimiento seguido, en términos generales, "era correcto, aunque había que sustituir las transferencias de financiación por las encomiendas de gestión".
De este modo, Fernández ha explicado que un documento interno de la Consejería de Empleo hace referencia a este informe emitido por IDEA y refrendado por la Intervención, aunque ni uno ni otro han sido aportados al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Asimismo, en el curso del interrogatorio de Anticorrupción y preguntado sobre por qué el sistema de encomiendas de gestión se publicó, al contrario que el convenio marco suscrito en 2001, cuando el imputado era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA --actual IDEA--, ha respondido que ninguno de los servicios técnicos que intervinieron en la elaboración de este último informó de que tuviera que ser publicado.
La declaración del sábado
La segunda jornada de declaración judicial del exconsejero de Empleo Antonio Fernández por los ERE irregulares ha visto hoy como subía el debate entre el imputado, que insiste en la legalidad de las ayudas, y la juez Mercedes Alaya, que le ha pedido "asumir al menos su responsabilidad".
El exconsejero ha reiterado hoy ante la juez que el sistema de ayudas investigado "era y es legal" y ha afirmado que "ningún criterio jurídico" cuestionó el sistema, pues la Intervención General de la Junta dio por buenas las explicaciones de la administración.
En la sesión de tarde, cuando el interrogatorio se ha centrado en grupos de empresas como la Faja Pirítica de Huelva y la Sierra Norte de Sevilla, Fernández ha declarado que desconocía las irregularidades que le ha planteado la juez y que ordenó parar ayudas ya otorgadas cuando sus subordinados le informaron de que "estaban vacías de contenido".
Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que el nivel de tensión está aumentando y, a diferencia de otros imputados, Fernández está discutiendo las afirmaciones que hace la juez hasta el punto de que "parece más un debate que un interrogatorio".
Con gritos que se oyen en ocasiones fuera de la sala, donde aguardan los periodistas, la magistrada expresa en muchas de sus intervenciones sus dudas sobre lo que declara el imputado, le interrumpe, le repite la pregunta y le espeta: "No es eso lo que le pregunto", mientras Fernández empieza sus frases diciendo: "Afirmo y repito".
En cierto momento de la comparecencia de hoy, Alaya ha dicho a Fernández: "Asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero" y ha añadido que "si desea acogerse a su derecho a no declarar, hágalo, pero no se ande por las ramas", según los citados abogados, además de reprocharle: "Parece que está usted deshojando una margarita".
Mecedes Alaya también ha preguntado a Fernández por su relación personal con el presidente de la Junta José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, a lo que ha respondido que era "cordial pero no de amistad".
Alaya ha interrogado al exconsejero sobre si estaba enterado del caso de una mina de Huelva, cerrada en 1988 y cuyos trabajadores recibieron las ayudas dieciséis años después, en 2004, y si conocía el proyecto para construir una macrourbanización de lujo tras el cierre de la mina onubense de Riotinto, a cargo de una empresa propiedad del hijo de Chaves, la socialista Amparo Rubiales y el catedrático sevillano Javier Pérez Royo.
En otro momento, Alaya le ha reprochado que la Junta entregó 29 millones de euros a lo que ha denominado "empresas pantalla" propiedad de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, a lo que Fernández ha respondido que si hubiera sabido que las ayudas iban a empresas sin actividad, no las habría autorizado.
A la pregunta de si "conocía la concentración de ayudas en el grupo de Rosendo y Sayago", Fernández ha respondido que "el presidente de la Junta, el consejo de gobierno, el Parlamento y todo el que se leyese la Ley de Presupuesto lo conocía".
Ha declarado que no había un protocolo por escrito sobre los criterios para las ayudas pero él dio instrucciones verbales para que se concedieran a zonas deprimidas, con alto nivel de paro y difícil inserción laboral.
Ha insistido, al igual que hizo el viernes en su once horas de declaración, que la Junta respondía a los reparos de la Intervención General sobre los criterios de las ayudas y el organismo fiscalizador "se aquietaba" y daba por buenas las explicaciones.
Después de dos días de interrogatorio, Fernández solo había contestado hasta las 20 horas de hoy a cien de las doscientas preguntas que tiene pensado hacer la juez, por lo que es previsible que su declaración no concluya ni siquiera mañana domingo, como se preveía en principio.
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