En una primera valoración, Ernesto Marín ha considerado muy positivo este decreto, “porque se establecería un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con proveedores de la contratación de obras, suministros o servicios y de su financiación, que permitiría dotar de liquidez a las empresas, apoyando al mismo tiempo a los ayuntamientos, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas”.
Así, la primera medida del equipo de gobierno local ha sido la centralización de toda la información en el Área de Intervención, con el fin de agilizar los trámites con el Ministerio de Hacienda, y para servir de interlocutor entre el propio Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, Chiclana Natural, Emsisa, y los beneficiarios de esta iniciativa ministerial.
El documento aprobado el pasado 24 de febrero recoge que el Consistorio habrá de presentar antes del próximo 15 de marzo una relación certificada de las facturas pendientes de pago, por lo que el alcalde espera disponer de estos datos el próximo 9 de marzo, “a la vez que desde Intervención hoy ya se ha elaborado un informe en el que se detalla las instrucciones a realizar para poder cumplir a tiempo con este decreto”.
Por su parte, la delegada de Hacienda ha afirmado que “los trámites para formalizar el pago a los proveedores será una carga de trabajo añadida a la que ya tenemos, por ello hemos celebrado esta reunión de técnicos al más alto nivel y se ha nombrado a un técnico responsable en cada una de las empresas municipales y organismo autónomo”.
El alcalde ha agregado que el principal objetivo “será cuantificar la deuda con los proveedores municipales a cierre de 2011, ya que las medidas del Gobierno son válidas para el abono de las cantidades pendientes hasta esa fecha”. Asimismo, ha anunciado que “en breve, tenemos previsto convocar una reunión con el resto de fuerzas políticas, donde se explicarán las repercusiones que tendrá este decreto en las cuentas municipales”.
Dos semanas y media tiene el Ayuntamiento para elaborar la cifra definitiva, puesto que el Ministerio de Hacienda debe de tener en su poder la cantidad total. Queda por aclarar cómo se producirá el abono de la deuda que, según los planes del Ejecutivo central, comenzará a hacerse efectiva a partir del próximo 1 de mayo. El Gobierno plantea a los ayuntamientos dos opciones: la primera consiste en la elaboración de un plan de ajuste, que significa que el Ministerio corre con el pago a los proveedores y, con posterioridad, detrae una cantidad equivalente de la aportación que hace cada año al consistorio de los Presupuestos Generales del Estado. La segunda opción que ofrece el Ejecutivo es la suscripción de una operación de crédito a largo plazo.
En este sentido, Ernesto Marín, se ha mostrado cauto al declarar que “el equipo de gobierno local no se inclinará por una de las dos posibilidades hasta que no conozca la cifra global de deuda a los proveedores y se espera a que se publique el modelo del Plan de Ajuste” que, según ha anunciado el Ministerio en el decreto se aprobará antes del 12 de marzo, a través de orden ministerial.
Según el procedimiento que aprobó el Gobierno el pasado viernes a través de un real decreto, las entidades locales habrán de hacer constar en la relación de acreedores que han de enviarle la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. También tendrán la obligación de permitirles a los proveedores consultar su inclusión y las cuantías que les afectan y si no aparecen en las listas podrán reclamar al ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.
Para estas reclamaciones se habilita un periodo de alegaciones del 15 al 31 de marzo. A partir del 1 de mayo, empezarán los pagos a los proveedores, que, en principio, deberían estar liquidados, como muy tarde, el 31 de diciembre.
La nueva norma incluye que los primeros acreedores en cobrar serán aquellos que tengan las facturas más antiguas, así como los que ofrezcan algún descuento sobre la deuda total. Por su parte, el Ministerio de Hacienda calcula que la cuantía de la operación para saldar la deuda con los proveedores ascenderá a unos 40.000 millones de euros en toda España, de los cuales 20.000 corresponderían a las facturas impagadas de los ayuntamientos y otros 20.000 a las de las autonomías.
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