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TRIBUNALES

La Audiencia Provincial decreta la libertad bajo fianza de Clemente Ruiz

La Audiencia Provincial decreta la libertad bajo fianza de Clemente Ruiz
Clemente hace dos años. · Atienza

Información
29/06/2011 11:48

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz decidió en la jornada de este miércoles conceder la libertad provisional bajo el pago de una fianza de 30.000 euros del excajero municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Clemente Ruiz García, tras el recurso de apelación presentado el pasado lunes por su abogado, José Luis Tellado, ante el citado tribunal. Cabe recordar que Clemente Ruiz permanecía en prisión provisional en Puerto II desde el mes de noviembre de 2009 como imputado por el desfalco de la Caja Municipal tasado en más de 7,8 millones de euros.

La noticia corrió como la espuma e INFORMACIÓN se personó en casa del exfuncionario para palpar la sensación de alegría y alivio, a la vez, que se vivió por parte de sus familiares, especialmente por parte de su mujer. Manuela Oneto, quien pasada las doce de la mañana ya acumulaba más de 30 llamadas perdidas en el teléfono móvil para darle la enhorabuena.

Manoli, como se le conoce entre sus allegados, no cabía de gozo y lo primero que declaró es que “Dios está arriba y yo sabía que este momento tenía llegar. Ahora es cuando comienza la verdadera defensa de mi marido, algo que hasta ahora no había podido ejercer al estar encerrado”, indicando además que “ha sido muy duro ver como dos de mis hijos llevan 20 meses sin ver a su padre”.

Todos los esfuerzos de la familia se han centrado desde un primer momento y desde que se conoció el auto en encontrar el dinero para pagar la fianza impuesta de 30.000 euros. La intención de su mujer es lograr por todos los cauces conseguir dicha cuantía y que llegue en la jornada de este jueves, ya que lo que pretende es hacer efectivo el pago en el Juzgado de la fianza antes de las tres de la tarde y solventar todos los trámites administrativos junto a al abogado, José Luis Tellado, para que el excajero salga de Puerto II en la tarde del mismo jueves, sin esperar un segundo más.

El auto
El auto dictado por la Audiencia Provincial recoge que, además del abono de esos 30.000 euros anteriormente citados, Clemente Ruiz tendrá que comparecer diariamente o bien ante el Juzgado de Guardia, o bien ante la Comisaría de la Policía Nacional, según lo que fije el Juzgado de Instrucción. Y también la retirada del pasaporte.

En cuanto a los razonamientos jurídicos, en el apartado tercero, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial señala que “la situación de prisión preventiva debe ser de carácter excepcional, no suponiendo nunca un adelanto en cuanto a la pena presumiblemente a imponer. Y si bien se dan indicios de delitos graves, como apunta el Juez Instructor, también debe considerarse que se trata de delitos de naturaleza económica en una persona que, carece de antecedentes penales y policiales, y cuya reiteración delictiva, como argumenta su representación procesal, dado que ha sido suspendido cautelarmente de su puesto de trabajo, difícilmente se puede afirmar”.

A ello se añade que “no se ha concretado por las acusaciones (que son el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento y el Partido Popular) que solicitan se mantenga la situación de prisión preventiva la especial peligrosidad criminal que concurre en Clemente Ruiz García, distintas de las que, en su caso pudiera incurrir en la otra persona que también se apunta como imputada por los mismos hechos, la señora Lebrero, quien se encuentra en situación de libertad”.

Otro de los argumentos presentado por la acusación para impedir la libertad de Clemente es la posibilidad de que con su salida a la calle se “dificultasen las investigaciones”. Sobre este particular, la Audiencia Provincial argumenta que “han transcurrido más de dos años desde que se iniciara la investigación policial y judicial, y no puede esta Sala sino compartir el criterio expuesto por la representación procesal del imputado de que, no teniendo éste ya ningún tipo de acceso a las oficinas municipales, difícilmente puede sostenerse que le resultara factible hacer desaparecer algún vestigio de actos ilícitos”.

Además, recuerda que la instrucción se inició el 2 de abril de 2009 y que Clemente Ruiz “contó con tiempo más que suficiente para hacer desaparecer cualquier elemento incriminatorio” hasta que fue decretado su ingreso en prisión en noviembre de 2009, es decir, siete meses más tarde.

El riesgo de fuga
Ese mismo argumento jurídico de los siete meses es el que sostiene la Audiencia a la hora de entrar a valorar el alegado de riesgo de fuga. “No puede obviarse que, siéndole imputado prácticamente desde el principio el desvío de más de siete millones de euros, con la gravedad que ello supone, la voluntad o la posibilidad del imputado de sustraerse de la acción de la justicia se hubiera ya manifestado en el indicado lapsus de siete meses que transcurrieron hallándose el imputado en libertad, no pudiéndose estimar que lo relevante para que ahora surgiera esa voluntad de fuga, sea la posible sustracción, incorporada a la causa con posterioridad, como indica el auto recurrido, de importes de multas y otras recaudaciones de la Policía Local que se concretan en una suma de 79.187,84 euros, suma que resulta verdaderamente nimia comparándola con las antes citada de los siete millones”.

La familia marroquí
Por último, habla el auto de la Audiencia Provincial de que la posibilidad de ese riesgo de fuga se diese por su vinculación personal y comercial con la familia marroquí de Mohamed A.B. Sobre esta particular se dice que “sin perjuicio de que se depuren las investigaciones oportunas en torno a tales relaciones si tuvieran conexión con los hechos ilícitos que motivaron la apertura de diligencias penales, vuelve a reiterar esta Sala que las mismas facilidades podría haber obtenido el imputado para evadirse del país a través de esta relación, una vez que resultó imputado en la causa desde un principio y hasta que se decretó su ingreso en prisión provisional en noviembre de 2009”.
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