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La Cámara de Cuentas ratifica la mala gestión que motivó el robo de la Caja

Antonio Atienza
19/06/2011 22:32

Los grupos políticos representados en la Comisión de Hacienda y Administración Púbica del Parlamento de Andalucía -PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida-, mostraron su convencimiento de que el robo de la Caja municipal de San Fernando en particular y las muchas irregularidades demostradas por la Cámara de Cuentas de Andalucía debe conllevar la depuración de responsabilidades administrativas e incluso penales, aunque es algo que compete a otros órganos ajenos al Parlamento andaluz.

La unanimidad de los grupos políticos se daba después de que el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Antonio Manuel López Hernández, se ratificara el martes en los términos del informe emitido sobre las cuentas del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 2007, que se auditaban de oficio, y cuyo trabajo puso al descubierto el robo de 7,8 millones de euros.

La exposición que hizo López no se separa un ápice del dictamen primero que el Gobierno municipal rechazó aludiendo que estaba politizado y no ajustarse a los principios generales de cualquier auditoría.

Tanto es así que el Ayuntamiento encargó un estudio a un bufete de abogados para refutar la metodología empleada por los auditores públicos y por el que las arcas municipales pagaron 60.000 euros. Y eso a pesar de que el informe de la Cámara de Cuentas no era vinculante.

Ahora y una vez que el informe ha pasado al Tribunal de Cuentas y ha encargado precisamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía su instrucción, vuelven a salir a la palestra todos los puntos flacos de la gestión económica municipal, que ha coincidido en el tiempo con la presencia en la Tesorería y en la Intervención del mismo funcionario, José Antonio López.

No obstante, el informe resumido por Antonio López sí constata la falta de comunicación al Pleno de la Corporación de las resoluciones adoptadas por el alcalde, contrarias a los reparos realizados por la Intervención, tal y como exige la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los resultados
Está claro que del informe del consejero de la Cámara de Cuentas se deduce que las muchas alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de San Fernando no han sido tenidas en cuenta ante la contundencia de los números con los que trabajaron los auditores.

En el resumen que hizo Antonio M. López sobre el ejercicio de 2007 auditado de oficio, se concluye que del análisis de las modificaciones presupuestarias, se deducen gastos sin consignación presupuestaria, a 31 de diciembre de 2007, por un importe de 42,83 millones de euros.

De esta cuantía, 26,90 millones de euros se originan como consecuencia de créditos que incrementan el presupuesto y que tuvieron que ser anulados, al realizarse la modificación presupuestaria correspondiente con infracción del ordenamiento jurídico, mientras que la cuantía restante, 15,93 millones, procede de gastos que no han sido imputados al presupuesto en el momento de su devengo, por carecer de crédito para ello.

En el área de transferencias corrientes y de capital recibidas, se detectaron irregularidades, por lo que se propone la minoración de derechos reconocidos netos en 12,49 millones de euros.

Del análisis del área de endeudamiento, los auditores de la Cámara de Cuentas observaron una diferencia de 181.985 euros entre la deuda amortizada a largo plazo y el importe que el Ayuntamiento imputa en la liquidación presupuestaria como reembolso de principal. Igualmente, detectaron una diferencia de 322.795 euros, en los intereses abonados por las operaciones de endeudamiento, a corto y largo plazo.

En lo que se refiere a las operaciones de endeudamiento a corto plazo, los auditores concluyeron que fueron contabilizadas de manera errónea, ya que aparecen registradas por el total disponible, en lugar de por el importe efectivamente dispuesto.

Más irregularidades

Entre las irregularidades detectadas y en las que el organismo fiscalizador se reafirma, se señala el saldo confirmado por la Cámara de Cuentas en entidades de crédito, a 31 de diciembre de 2007, que difiere de los fondos líquidos registrados por el Ayuntamiento, en - 555.065 euros.

Respecto a las inversiones financieras, la Cámara de Cuentas detectó una diferencia de -3.036.728 euros entre la cuantía contabilizada por el ayuntamiento (160.656 euros) y el valor del capital social manifestado en sus cuentas anuales por la Empresa Municipal de Suelo Isleña, SA (3.197.384 euros) en la que participa el Ayuntamiento.

Las transferencias otorgadas por el Ayuntamiento a favor de sus organismos y las concedidas por estos en beneficio de aquel, no cuentan con el preceptivo acuerdo formal de concesión adoptado por el órgano competente. Además, se detectaron diferencias entre lo contabilizado por el Ayuntamiento y lo registrado por sus organismos autónomos.

La extraña relación del Ayuntamiento y los organismos
La campaña electoral fue pródiga en promesas y manifestaciones sobre los organismos autónomos municipales, posiblemente como consecuencia de las consideraciones del informe de la Cámara de Cuentas, estuviera o no politizado como dijeron algunos partidos políticos.

Antonio M. López se ratificó en que el Ayuntamiento asumió durante el ejercicio 2007 las retribuciones de treinta y un trabajadores que, sin embargo, prestaban sus servicios en organismos autónomos. También concedió préstamos a corto plazo a sus organismos (por 357.975 €) que no le han sido reintegrados, lo que le ha ocasionado, como efecto final, la asunción del pago de gastos que no le eran propios.

A la Cámara le fue imposible conocer la situación deudora o acreedora de cada organismo con el Ayuntamiento y viceversa, dada las diferencias detectadas entre la contabilidad de cada uno de estos entes. También se efectuaron cobros a través de la Caja del Ayuntamiento que, no obstante, corresponden a operaciones de algunos de sus organismos, sin haber convenio o acuerdo para que el Ayuntamiento preste tal servicio y se detectó cierta falta de autonomía e independencia en la actuación de los organismos frente al Ayuntamiento, por lo que recomendó al Gobierno que aclare qué sistema pretende implantar.

Irregularidades en contratos de servicios e incompatibilidades
El presupuesto del Ayuntamiento del año 2007 se aprobó fuera del plazo legalmente establecido (prorrogándose el del año anterior), así como la liquidación del mismo y la cuenta general del ejercicio. Además, esta última no incluía todos los documentos que exige la normativa aplicable; no se atendió durante 2007 la obligación de verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y, por último, no se han adoptaron ninguna de las medidas previstas en la normativa cuando el remanente de tesorería resulta negativo (1,9 millones de euros en el ejercicio 2007).

Esas son algunas más de las consideraciones realizadas por el consejero de la Cámara, Antonio M. López, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Parlamento sobre la auditoría del año 2007, precisamente la que motivó el contrainforme contratado por el Gobierno municipal a un abogado particular.

Respecto al endeudamiento, la Cámara se ratifica en que la información facilitada por el Ayuntamiento no cumple con lo establecido en la Instrucción de Contabilidad. Por otra parte, en las operaciones de endeudamiento a largo plazo, no se ha consideró el objetivo de estabilidad presupuestaria para dilucidar la necesidad de obtener la preceptiva autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

También se destacan incumplimientos en la contratación administrativa. En tres de los diecisiete contratos examinados se continúa prestando el servicio una vez expirado el contrato; en otro expediente no se cumple el presupuesto de hecho (imperiosa urgencia) para acudir al procedimiento negociado sin publicidad y, en un contrato privado de arrendamiento se incumple la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades.

Casi siete años con una Caja municipal fuera de control
Mención aparte hizo el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Antonio M. López, en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, del robo de la Caja, una vez que se confirmó que evidentemente, hubo quebranto de los caudales públicos.

Durante la realización de los trabajos de campo de los auditores públicos se detecta por parte de la Cámara de Cuentas un saldo contable muy elevado en la caja municipal, que a la finalización del ejercicio 2007, ascendía a 5.790.280,47 euros, recordó Antonio M. López.

Por tal motivo, y con la finalidad de verificar dicha cuantía, se intenta consultar las actas de arqueo de 31 de diciembre de 2006 y de 2007. Esta comprobación, sin embargo, no pudo llevarse a cabo dado que no habían sido confeccionadas por el Ayuntamiento, como informó hace unas semanas este periódico y así consta en el sumario sobre el robo de la Caja.

Sí se había realizado un arqueo extraordinario, el 16 de junio de 2007, el cual arroja unas existencias en metálico de 7.895,49 euros, correspondiente a la toma de posesión del nuevo alcalde tras las elecciones de mayo de este año.

Mal hecho
Sin embargo, en el documento donde se recoge el resultado de este arqueo, nada se manifiesta, sobre el saldo contable de la caja en ese momento (4.793.894,50 euros), ni sobre la necesidad de conciliar la diferencia producida entre dicho saldo contable y el importe resultante del recuento físico efectuado.

Según la Cámara de Cuentas, a 1 de abril de 2009, la diferencia entre el efectivo real (20.254,14 euros) y, el saldo contable de la caja municipal (7.810.769,93 euros), asciende a 7.790.515,79 euros.

El instante temporal en el que comienza a producirse esta diferencia se concreta en el 10 de junio de 2002, según la Cámara.

Por razones de simplicidad operativa, el análisis de los cobros y pagos realizados a través de la caja, comprende el ejercicio 2002 completo hasta el 1 de abril de 2009. Los cobros por caja contabilizados durante este periodo, ascienden a 20.296.044,91 euros, mientras que los pagos alcanzan un total de 12.515.211,62 euros, siendo analizada una muestra de 9.071 documentos contables justificativos de los cobros y pagos realizados, que representan el 73,83 por ciento y 96,14 por ciento, del total, respectivamente.

Una vez practicadas las actuaciones fiscalizadoras, si bien se constatan numerosas irregularidades y anomalías en los documentos contables, se concluye que la diferencia anteriormente mencionada es real (no debida a posibles errores contables), de imposible conciliación y que parece, por tanto, deberse a un presunto quebranto de caudales públicos.

De dentro y de fuera
La diferencia resultante de 7.790.515,79 euros tiene un doble origen: el metálico remitido a la caja desde las cuentas corrientes en entidades financieras de titularidad municipal (2.244.571,01 euros), a modo de inyección de liquidez, dada la aparente necesidad que mostraba y, los recursos propios, autogenerados por ésta (5.545.944,78 euros).

El presunto quebranto de caudales públicos a 1 de abril de 2009, queda finalmente cuantificado por la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las evidencias obtenidas, en 7.869.703,69 euros.

Este presunto quebranto, así como el inadecuado control que el Ayuntamiento ejerció sobre la caja municipal durante el período 2002-2009, “pudiera dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable, así como de aquellas otras que pudieran proceder, con arreglo a lo establecido por el ordenamiento jurídico”, concluía su intervención Antonio M. López. Por ello está en prisión el ex cajero municipal, Clemente Ruiz, pendiente de la celebración del juicio.
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