Hace unos días se cumplieron 9 años del vil asesinato de Marta del Castillo y, aunque a día de hoy está aún sin resolver, parece que podría tener lugar la reapertura del caso, a la vista de lo que se dice por las redes sociales. En la mente de todos está el brutal asesinato de Diana Quer, que viene a sumarse a los de Mari Luz Cortés, la niña de Asunta Basterra, los hermanos Ruth y José Bretón y otros. A ninguno de estos asesinos se les pudo aplicar la prisión permanente revisable porque, en el momento en el que fueron juzgados, no estaba vigente. Y tampoco se podrá imponer al criminal que ha acabado con la vida de Diana Quer si prospera la iniciativa de la derogación de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, que fue aprobada por el único apoyo del Partido Popular. La prisión permanente revisable se ha configurado como la máxima pena privativa para, entre otros, delitos de extrema gravedad, para asesinatos especialmente lacerantes, genocidios, terrorismo, crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con el agravante de que la víctima sea menor de 16 años o para casos de pronóstico desfavorable de reinserción. La situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años del cumplimiento de la condena, pudiendo reinsertarse en la sociedad si cumple las exigencias de su rehabilitación. Países europeos como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Austria o Suiza disponen de una pena similar a la que ahora quieren derogar en nuestro país, ya que el PNV ha presentado una iniciativa en el Congreso que cuenta con el apoyo de los de siempre, PSOE, Podemos, EH-Bildu, PdCat, Compromis, etc., con la abstención activa de Ciudadanos, a pesar de estar avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La encuesta realizada por GAD3 para el diario ABC, publicada el 17 de enero de 2018, indica que 8 de cada 10 españoles, entre los que me incluyo, son partidarios de la prisión permanente revisable para los crímenes excepcionalmente graves. En mi opinión, los datos de la encuesta reflejan que el sentir general de la población es que el cumplimiento de una pena no implica la efectiva reinserción o reeducación del delincuente. Por eso, los ciudadanos respaldan la prisión permanente revisable para los delitos horrendos, poniéndose a favor de reconocer los derechos de las víctimas por encima de los derechos de los delincuentes, que ya tienen sus garantías constitucionales, que sin duda hay que respetar, pero tampoco se puede olvidar que hay que ser justos con el daño causado a las víctimas, y dar seguridad a la sociedad, evitando reincidencias. Se ha de rehabilitar al delincuente, reparar el daño causado y prevenir para evitar nuevas actuaciones delictivas. Por ello muchos apoyamos que se mantenga la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico, como la tienen en sus ordenamientos tantas democracias europeas. La plataforma online change.org lleva recogidas ya más de un millón y medio de firmas, entre ellas la mía, en contra de la derogación de esta ley.
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