Sé lo que se espera de mí y cuáles son mis obligaciones" fue la ya famosa frase pronunciada por el presidente Rajoy después de la convocatoria del referéndum ilegal, por parte del paranoide líder separatista, para continuar afirmando que no habrá referéndum. La rotundidad de sus palabras nos tranquilizó momentáneamente a muchos españoles. No se puede repetir bajo ningún concepto el 9-N, sería un tremendo disparate y Rajoy lo sabe, por eso espero que no haya referéndum alguno, porque no puede haberlo. No obstante, debemos estar preocupados y en constante alerta, porque vemos que los golpistas están dispuestos a todo y, por tanto, habrá lío en las calles. En efecto, pretenden sin duda dar espectáculos violentos de trascendencia internacional como los vividos en la primavera árabe para que den la vuelta al mundo y, así, para justificar la “opresión” que sufren por parte de España quien, además de robarles, les reprime sus sentimientos nacionalistas. La estrategia diseñada hasta ahora me parece correcta: asfixia judicial a cuantas iniciativas ilegales adopten los golpistas y actuación de la Policía, Mossos y Guardia Civil para confiscar urnas, papeletas, webs, videos y cierre de colegios electorales si llega el caso. Pero ¿será suficiente con estas actuaciones? La democracia tiene instrumentos muy fuertes para detener esta chulería de estos independentistas catalanes que airean desafiantes el temerario intento de quebrar la legalidad constitucional de un Estado democrático. Entre estos instrumentos, está la posibilidad de aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución Española, que serviría para anular en todo o en parte la autonomía de Cataluña, aunque sinceramente no veo yo al Gobierno en esta línea, por mucho que Rajoy declarase que no renuncia a “nada”. La vía judicial es la principal opción de Rajoy. Para ello y después de los recursos planteados, el Tribunal Constitucional ha dictado auténticas órdenes que tienen por objeto la suspensión del referéndum catalán y que, una vez notificadas, deben de saber todos estos iluminados que pueden incurrir en un delito de desobediencia grave, un delito de prevaricación o incluso un delito de malversación de caudales públicos, cuya pena se eleva hasta los 8 años de prisión si la cantidad malversada supera los 50.000 €, importe en este caso nada difícil de superar, dada la envergadura del referéndum. ¿Pero y qué ocurriría con el delito de sedición? ¿Y el delito de rebelión? Me imagino que los letrados de los independentistas catalanes ya le habrán apuntado todas las irregularidades constitucionales, políticas y penales a las que se enfrentan, a las que incluso podrían llegar a responder con su propio patrimonio privado. No habrá urnas y Puigdemont lo sabe. El Honorable President lo intentará hasta el final, pero no lo conseguirá.
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