El TSJ de Cataluña ha condenado a Artur Mas, Ortega y Rigau por un delito de desobediencia por la pantomima y tomadura de pelo de las urnas de cartón del 9-N. Mas como autor de un delito de desobediencia, con multa de 12 meses, con una cuota diaria de 100 €, es decir, 36.000 €, ni el 0,3 % de cualquier obrilla de la Generalitat, e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, por tiempo de dos años, vamos los que quedan para las elecciones municipales, e incluso iría sobrado para las nacionales que serían dentro de tres años y medio. Como cooperadoras necesarias, han sido condenadas sus consejeras Ortega e Irene Rigau, la que abrió los colegios para el show. Las multas que les han impuesto se pueden pagar también con ese 0.3 % de cualquier obrilla. Hubiese sido más justo que pagaran la luz consumida en los colegios públicos, la limpieza y las horas extras de los que abrieron y cerraron los colegios. A pesar de que la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para el ex Presidente, por delito de prevaricación, el Tribunal catalán le ha absuelto de este delito, y de otros, al considerar que, aunque convocar y no suspender las votaciones son actos ilegales, el haber actuado bajo la ley catalana de consultas populares no refrendarias (anulada, por cierto, semanas más tarde), no podía descartarse que, en ese momento, llevaron a cabo un juicio interpretativo, en todo caso, “erróneo”. Sorprende igualmente que el Tribunal haya concluido que Mas no cometió “una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente”. Sinceramente, resulta sangrante que un cargo público que durante años se ha dedicado únicamente a generar y provocar un sentimiento secesionista, a promover la ilusión y el ánimo independentista y, en definitiva, a “vender humo” a sus ciudadanos, se vaya de momento por algo tan grave de rositas con tan solo dos años de condena de inhabilitación. Nada de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y digo vender humo porque es intolerable que un cargo político prometa aquello que no puede hacer. No es mi ánimo, con este artículo, juzgar tales sentimientos o ánimos secesionistas, puesto que lo mismo sería ir en contra de la libertad ideológica y de expresión que trato siempre de defender. Sin embargo, sí que me siento con potestad para juzgar que un Presidente autonómico vaya en contra de la legalidad y fraccione a la sociedad civil catalana sin cobertura constitucional ni legal para hacerlo. Pero si sangrante e irreprochable ha sido hasta ahora la conducta de Mas, actuando y ordenando en contra de la legalidad constitucional, más lo es ahora su falta de arrepentimiento, puesto que, lejos de tratar de “obedecer” y reflexionar sobre lo sucedido, ha continuado con sus mensajes de humo, manifestando a sus colegas que “nadie tenga miedo”, que “siga en esta línea”, lo que demuestra, una vez más, que por muchas sentencias que recaigan en su contra, estos dirigentes jamás respetarán la Ley ni la Justicia, y lo más grave seguirán riéndose de los españoles, con nuestro dinero se les paga el sueldo a estos mamarrachos.
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