Una encuesta elaborada hace dos años por Gallup en España, preguntaba: "¿Está usted a favor o en contra de la cadena perpetua para algunos delitos especialmente graves?". El 73% de los encuestados respondió que estaba a favor. Y no sólo eso, sino que el 20% de los encuestados se declaraba partidario de la pena de muerte para esos mismos delitos. Por otra parte, casi todos los juristas, están en contra, de la cadena perpetua a pesar de que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.
El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de reforma del Código Penal. Entre las novedades que incorpora, la más polémica y controvertida es sin duda la introducción en el ordenamiento jurídico de la cadena permanente revisable (CPR), es decir: la cadena perpetua, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad y violencia. Hay una salvedad, y es que en el periodo entre los 25 y 35 años, el delincuente será evaluado por un tribunal para determinar si está rehabilitado y arrepentido. En caso afirmativo, quedaría en libertad; de lo contario, seguiría en la cárcel.
La mayoría de los operadores jurídicos están en contra pues opinan que la CPR no es la solución, que lo importante es que se cumplan las penas impuestas y que se aumente la eficacia en la persecución de delitos, y además dudan de su encaje constitucional, ya que la Constitución aboga claramente por la resocialización del reo y su reinserción social, prohibiendo las penas inhumanas y degradantes. Expertos jurídicos defienden que el endurecimiento de las penas no disuade al delincuente de cometer delitos. Otros, están a favor de la CPR, al no considerar que la misma sea inconstitucional cuando, tras seguir los tratamientos penitenciarios de resocialización, éstos fracasan y se aprecia en el condenado un riesgo objetivo y real de que volverá a cometer en libertad crímenes particularmente graves y dramáticos. Si sería inconstitucional, por el contrario, que una persona permaneciese en prisión de por vida una vez estuviese rehabilitado. En mi opinión, los datos de la encuesta reflejan que el sentir general de la población es que el cumplimiento de una pena no implica la efectiva reinserción o reeducación del delincuente. Por eso, los ciudadanos respaldan la cadena perpetua, sin duda, para los delitos horrendos, poniéndose a favor de reconocer los derechos de las víctimas por encima de los derechos de los delincuentes, y posiblemente ello impulse al gobierno a adoptar esta postura, a pesar de los argumentos que en contra esgrimen los juristas. Además, es muy difícil aceptar argumentos jurídicos por parte de la ciudadanía en casos tan especialmente repulsivos e impactantes, como los de Marta del Castillo, los hijos de José Bretón o la niña Asunta Basterra, entre otros muchos, como las masacres terroristas vividas en este país. El debate, controvertido sin duda, continúa abierto, por lo que contestar a la pregunta formulada en este artículo es francamente complicado. Yo contestaría que sí.
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