La fiesta de los Santos Inocentes, celebrada, como cada año, el 28 de diciembre, tuvo una resonancia especial en el apenas cerrado 2013. La nueva Ley del Aborto promovida por el actual gobierno ha servido de motivo para volver a repetir, una vez más, los argumentos a favor y en contra de la mal llamada eufemísticamente “interrupción del embarazo”. Como en tiempos de Herodes, los más indefensos, los inocentes son masacrados: otrora lo fueron por la legalidad imperantes entonces, la de un reyezuelo títere del Imperio Romano, receloso de que otro Rey, recién nacido, le usurpara un trono que descansaba en sangre y muerte; hoy, esos mismos inocentes, cuyo primer derecho, el derecho a la vida, es negado, también son masacrados esgrimiendo los derechos de la mujer a partir de una legalidad de dudosa –por no decir nula- moralidad.
Lo asombroso no es la posición de varios partidos de la oposición parlamentaria, que quieren hacer de esta nueva Ley –por cierto, no tan novedosa, pues vuelve casi literalmente a la de 1985- un “casus belli”. Al fin y al cabo, son fieles a sus convicciones. Lo sorprendente es que dentro de las mismas filas del Partido Popular hayan surgido voces discrepantes que, con aire esnob de pretendida modernidad, alardean de su disenso con su propia formación política, disenso que, dicho sea, se limita sólo a esta nueva ley. Es cuanto menos pasmoso, y suena a insulto al sentido común de gran parte de la ciudadanía que los ha votado, que varios dirigentes del PP, entre ellos el inefable Presidente de Extremadura, no hayan abierto la boca frente a otras medidas verdaderamente lesivas de auténticos derechos sociales, como la educación y la sanidad, que ha puesto en marcha el actual gobierno con sus recortes presupuestarios, e igualmente se han realizado en las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular. No recuerdo que ninguno de estos disidentes, que discrepan de su partido sólo sobre el derecho a nacer de un ser humano indefenso, hayan mostrado su desacuerdo manifiesto con otras medidas gubernamentales, como, por ejemplo, las ayudas públicas que han recibido los bancos, y más aquellos que han esquilmado a pobres e ingenuos ahorradores, los desahucios de viviendas de familias necesitadas, la atención de los inmigrantes en los hospitales públicos, por citar sólo algunas. Eso sí, de cara a la galería mediática se plantea un debate dentro del partido para cubrir las apariencias democráticas, mientras en la oposición se pide una libertad de voto para los diputados populares, que ellos negaron a sus representantes cuando se varió, para peor, la legislación del aborto bajo el nefasto ministerio de la señora Aído. No extraña que en España el colectivo público peor valorado sea el de los políticos. Este episodio es una prueba más de la necesidad de profunda regeneración ética que necesita nuestro país en todos sus ámbitos, y que está en el origen de la actual crisis económica. Si, como se dice, se empieza a ver el fin de esa crisis, no será una bonanza duradera si no lleva pareja una auténtica renovación moral. Y mientras tanto, la vida de los nascituros seguirá dependiendo de las volubles decisiones de unos políticos que de inocentes tienen poco, más bien de indecentes en demasiadas ocasiones, y dada la actual situación, de santos, nada de nada.
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