Los medios de comunicación nos han ofrecido en los últimos días imágenes de las colas que se forman en la entrada del comedor social de la parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque. Sin que todavía haya empezado en firme la campaña de recolección de la aceituna, la afluencia de personas que se acercan a este comedor para saciar su hambre ha superado el número de 300, cifra no alcanzada en los cuatro años de servicio que lleva prestando esta iniciativa solidaria de la Iglesia. Lo que muchos lectores o telespectadores no saben es que prácticamente la mitad de las personas que forman esas largas colas que son de triste actualidad, son residentes en nuestra ciudad. A San Roque se acercan no sólo los inmigrantes que, apenas bajados del autobús, se topan enfrente con esta parroquia, sino también familias en las que la actual crisis económica se ha cebado, y se han visto privados de los mínimos ingresos necesarios para llevar una vida decorosa. Los estragos sociales que está produciendo la actual situación económica está sacando del rincón del olvido una estampa que creíamos desaparecida: la de los pobres vergonzantes, a los que la vida sonrió en tiempos pasados, pero la penuria de los momentos presentes ha reducido considerablemente su nivel de vida. Para muchos, se ha pasado del Estado de bienestar al estado del malestar.
No todo son parabienes y reconocimientos para iniciativas como el comedor social de San Roque. No faltan voces que descalifican la labor social de la Iglesia tachándola de ser una simple labor asistencial paternalista, que orilla la justicia que habría que exigir con todo rigor. Pero curiosamente, de manera inversa no se exige la misma justicia para casos de flagrantes delitos económicos que algunos jueces están investigando. Las trabas y las descalificaciones que se están vertiendo contra estos jueces ponen en cuestión la necesaria independencia del poder judicial, y la corrupción que afecta a la vida política española, sindicatos incluidos.
En los últimos años se ha potenciado la difusión de una mentalidad subsidiada, que anestesia el espíritu de iniciativa y el esfuerzo, que termina haciéndonos creer que somos acreedores de todo y deudores de nada. Con la aparente legitimación de las urnas, varios políticos y sindicalistas han creído tener patente de corso para saquear sin pudor los fondos públicos, negando así con ese comportamiento delictivo la esencia de su servicio público: trabajar por el bien común de los ciudadanos. Por eso, matar al mensajero -el juez, sea hombre o mujer-, con la descalificación personal o profesional, que es un recurso totalitario y antidemocrático -dicho sea de paso-, no es una medida sabia. Nunca lo ha sido, pero menos lo es en la actualidad, cuando los medios de comunicación se encargan de airear hasta las maniobras más recónditas que se puedan hacer para potenciar el lucro individual.
En la actual situación de crisis económica, la corrupción genera desesperanza en la población. Mientras se exige justicia como si fuera incompatible con la caridad, y se frena a la misma Justicia ante delitos de guante blanco, las personas que forman largas colas ante la puerta del comedor de San Roque reciben, noche tras noche, un motivo creíble de esperanza.
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