NO AL IMPUESTO A LOS MUERTOS
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, más conocido como el impuesto a los muertos, permite a las comunidades autónomas apropiarse de una parte sustancial del patrimonio de las familias aprovechándose del fallecimiento de uno de sus integrantes. El mantenimiento de este tributo es intolerable y vergonzoso. Y es un ataque contra el conjunto de la población, con independencia de su situación social o económica. Es una una simple y pura injusticia, impropia de un Estado de Derecho.
Vulnera el artículo 31 de la Constitución, cuyo punto 1 señala que el sistema tributario nunca puede ser "confiscatorio". Y, precisamente, éste y no otro, es el único objetivo de dicho tributo: confiscar una parte de la herencia, mayor o menor, en función del grado de consanguinidad de los herederos, porque sí y sin más razón que ésa.
Además, viola uno de los principios básicos de la Hacienda Pública, el relativo a la doble tributación, puesto que el dinero y los bienes legados ya han pagado los debidos impuestos al ser adquiridos o generados por su titular. Sucesiones y Donaciones implica, pues, pagar de nuevo sobre algo que ya ha tributado.
En segundo lugar, es profundamente injusto e inmoral que, tras toda una vida de trabajo, esfuerzo y ahorro para acumular un patrimonio y poder dejar algo a tus hijos, sobrinos, familiares, amigos o a quien desee su legítimo propietario, venga el político de turno a quitarte lo que es tuyo, y de nadie más, para despilfarrarlo en beneficio propio, que no es otro que la compra -directa o indirecta- de votos mediante el aumento del gasto público. De hecho, la voracidad y el abuso de algunas autonomías llega a tal punto que miles de familias se ven obligadas a renunciar cada año a sus herencias ante la imposibilidad de abonar la citada mordida fiscal.
Además, dada la injusticia que supone su aplicación, lo único que logra realmente es la fuga de capitales mediante el traslado de la residencia fiscal y el fraude tributario.
Se mire por donde se mire, no se sostiene el argumento que esgrimen algunos gobiernos regionales de que Sucesiones y Donaciones solo lo pagan los ricos y sirve para financiar servicios públicos básicos, como Educación y Sanidad. Simplemente, es mentira. La desvergüenza de los políticos para justificar sus desmanes no tiene límites. Este impuesto lo pagan todos y su recaudación es mínima y, por tanto, desdeñable.
La razón de su mantenimiento no es otra que la de hacer daño per se, lo cual da buena cuenta del expolio y la expropiación fiscal que, por desgracia, sufren muchos españoles. Que la presidenta de Andalucía, con el apoyo de otros barones socialistas, pretendan ahora extender esta injusticia a todo el país para evitar que sus contribuyentes puedan huir es un insulto y una provocación. Y la mayor prueba de ello son las inéditas y esperanzadoras protestas que se están protagonizando en Andalucía en los últimos días para exigir su eliminación, hartos del robo indiscriminado al que nos somete la Junta de Andalucía. En Sucesiones y Donaciones no hay nada que "armonizar", ni al alza ni a la baja, salvo su completa eliminación. Ya no es cuestión de rebajar más o menos el impuesto, hay que borrarlo del sistema fiscal español de forma íntegra y para siempre, sin excepciones. Y a ver si aquí empezamos a movernos.
Algeciras a 6 de marzo de 2017
Patricio González
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