Todo dirigente debe buscar lo mejor para su pueblo; pues debe predicar con el ejemplo, ser el más escrupuloso en la verdad y el cumplimiento de la legalidad, principios que abarcan, no sólo a los dirigentes, sino a todos los funcionarios y representantes de la Ley. Todo delito o falta es más grave si la comete quien tiene representatividad, responsabilidad, o el deber de hacer cumplir la Ley. Ninguna autoridad, credibilidad ó legitimidad puede tener quien se la salta, como el funcionario o el policía que chulea al ciudadano o, peor aún, que abusa o comete un robo. Esto es ignorado, pisoteado en las dictaduras reales y encubiertas, dónde la arbitrariedad es la norma. Hay muchas leyes injustas hechas para reprimir, acallar, impedir reclamaciones y protestas.
El ejecutivo cuenta con un “arma secreta”: las leyes “Saló”. Gobiernos como el español, dictan leyes por las que ellos quedan exentos de cumplir las generales, sólo pensadas para la ciudadanía. Algún ejemplo entre muchos: no se pueden embargar sueldos por debajo del salario mínimo y, por encima del 150%, sólo porcentajes, por tramos. Pero el Gobierno saca de la obediente mayoría un decreto, para embargar cuentas bancarias. Cuentas alimentadas por el propio sueldo, lo que anula de hecho, la Ley original. O llaman “de defensa de la democracia” una ley para impedir manifestaciones y que puedan conocerse los excesos de “sus” fuerzas de seguridad en la represión.
Las dictaduras y otros, no obstante, siempre adaptan su lenguaje, como si quisieran suplantar a la Academia de la Lengua. “Restablecer el orden” ¿Cuál? En sus guerras colonialistas, USA llama “operación de limpieza” a la destrucción masiva de selvas, plantaciones y poblaciones enteras. Un lujo de lenguaje que no debería engañar a nadie, pero del que están aprendiendo las pseudo-democracias europeas y americanas. Es la línea asumida por el Gobierno de España, aprovechando arteramente la intención independentista de partidos y una parte importante de la sociedad catalana. Aún sin entrar en la conveniencia o el derecho a la independencia, prohibir un referéndum es prohibir el derecho a participar en decisiones que afectan; mandar a la policía con orden de maltratar (a tenor de la declaración de Rajoy, quien afirmó que “cumplían con su deber”), es una actitud plena y absolutamente antidemocrática, en una concentración pacífica de miles de personas.
Lo peor es que, mientras estas cosas pasan, mientras el propio Tribunal Constitucional interpreta la Constitución a gusto del Gobierno y este decide suplantar al Gobierno electo, algo que la Constitución no autoriza, y contra toda legalidad democrática, se encarcela gente por sus ideas, la Unión Europea, temerosa de los movimientos independentistas en los países más grandes, hace la vista gorda en vez de aplicar su propia legislación, que la obliga a impedir estas ilegalidades. El Gobierno aprieta sin saber hasta dónde pueden llegar, sin que estallen desórdenes más graves, ó la U.E. en la dejación de sus responsabilidades políticas y sociales, con el pretexto de “son problemas internos”. Como si no fueran internos todos los de cada uno de los 26 países.
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