No para él (¡qué hombre más bueno!). Como -al parecer- no hay manera de construirlas y cobrarlas a un precio algo superior al de construcción, pero no mucho más, como viene ocurriendo, al señor se la ha ocurrido pedirlas a los propietarios que pensaban alquilarlas. ¡Qué idea!... más peregrina. Instalados, como están, en la especulación y en tenerla alquilada el menor tiempo posible, para poder subir caprichosamente todos los años ¿se las cederán al Ayuntamiento a un precio razonable, a un precio al que puedan alquilarlas las familias? Si así fuera, ya podrían empezar, sin pasar por la intermediación municipal. Si no, si como es previsible, los propietarios quieren seguir cobrando según lo que cobra quien más ¿Qué hará el Ayuntamiento? ¿Poner, subvencionar parte del precio de la vivienda, para hacer posible su alquiler? Pues saldría más barato construirlas. Por este camino no se resuelve el problema de la vivienda, ni se cumple justamente el derecho recogido en la Constitución, permanentemente violado por la autoridad (in)competente. Que a Rajoy todo lo que no sean leyes represivas y mantener la unidad de “su” España, aunque sea a tiros, lo trae al pairo.
Por este procedimiento se facilita el alquiler a los arrendadores, a quienes se les abre el cielo, porque el compromiso municipal se sobreentiende serio. Y afianza los precios inflados, a mayor beneficio de los propietarios, desde este momento legitimados. A ver quien le discute ahora el precio, a ver quien intenta obtener una pequeña rebaja en el alquiler, si el propio Ayuntamiento lo está legitimando al convertirse en arrendatario para luego ser arrendador. El “ejemplo” con que ya predicó la Junta de Andalucía, pagando mil euros por pisos de setenta metros, está siendo seguido por el Ayuntamiento de Sevilla, aunque sus pagos sean algo más modestos, dentro de la inmodestia de un precio impuesto por la voluntad del arrendador. Quien, recordemos, no se va a conformar con menos de lo que cobra el vecino, pues él no es menos listo.
La experiencia ya se vio y se vio su ineficacia, en las llamadas “ayudas al alquiler”. Los propietarios anunciaban sus “magníficas oportunidades”, un piso de sesenta metros “sólo” quinientos cincuenta euros… ya deducido el importe a financiar por la Junta. Lo que hicieron fue subir los precios, para ganar más gracias a la ayuda, que, al final, no era para el arrendatario, sino para el arrendador. El Gobierno tiene la obligación, marcada por la Constitución, de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de acceder a una vivienda digna, aunque ahí no se meta el Tribunal Constitucional, ¡qué casualidad! Por lo que se está viendo, el Gobierno es el único que puede incumplir la máxima Ley. Quienes deberían dar ejemplo, para ganar la legitimidad perdida con que reclamar a los demás su cumplimiento.
¿Esto es España? Una pena, dónde los servicios sociales (¿sociales?) recomiendan vivir en una habitación, en vez de buscarle solución real. Una pena que nos hagan recordar que, aunque fueran pequeñas y se hicieron de prisa, ante la situación en que nos dejó el Tamarguillo, Franco hacía viviendas. Pues, visto lo visto, a lo peor lo hacen para que se le añore.
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