No, no, ¡que va! Eso ni se puede decir. Costaría caro, multa incluida. Y, la Administración puede cobrarse, tenga o no medios el afectado. Lo dice la Ley hecha “a lo Saló”, a medida de quien las hace para, además de parte, también ser juez. Todo a su favor. La Administración no necesita al Estamento judicial; es más práctico saltárselo, para eso hace sus leyes. Las deudas se contraen para responder de ellas, natural. Pero debería ser obligado tener en cuenta las condiciones en que se puede quedar por un traspiés; o -más que eso- por una aparatosa caída como las crisis periódicas, montadas por los “mercados”, para hacerse con todo el numerario existente. “Mercados” que no son de abastos: más bien desabastecen, protegidos por los gobiernos. Por algunos, más, es sabido. Y otro pero: no se contraen deudas con la Administración. Nadie le pide prestado. Es la Administración quien lo decide como parte y lo ejecuta como juez.
Esa es la cuestión. Que un particular (un banco) sea implacable, está mal. Porque provoca miseria y empeora la situación con tanto rigor “mortis”. Que el rigor lo aplique un Gobierno es más grave. Demuestra que Hacienda NO somos todos. No. Unos cobran, deciden, hacen y deshacen. Otros pagan. A veces, con sus medios y otras con su miseria. Y hasta con su vida. Ayuntamientos, diputaciones, Hacienda, Seguridad Social, están facultadas por leyes hechas expresamente con ese fin, para “detraer” (¿o de-llevar-se?) el dinero del directamente nombrado “deudor” por el propio ente. Independientemente de su situación económica, situación a la que el “ente” tiene acceso pero se cuida mucho de analizar. No importa su situación económica. No importa que el importe detraído sea su nómina, su único ingreso, ni que el dinero “sus-llevado” corresponda a la hipoteca, o al alquiler, o a la comunidad. O al supermercado, o a la luz o al teléfono. O a todo ello, porque para eso se cobran las nóminas, quienes tienen la rara suerte de cobrarlas.
O que se pueda morir de calor; o de hambre. O que en invierno se tenga que calentar con leña y pueda sufrir un accidente, de los que ya se han dado. Aunque sin responsables.
La Administración es, según lo legislado por la propia Administración, lo primero. Lo más importante. Más que la comida; más que el colegio. Más que la iluminación. Y más que la vida del ciudadano. El embargo directo de cuentas, sin intervención judicial, por más que esté legislado, es lo más ruín y antidemocrático en un Estado cada vez más dictatorial. Primero, los ayuntamientos deberían atender debidamente los recursos por multas de aparcamiento y sacar del grupo los de la ilegítima “ORA”. Ayuntamientos y diputaciones deberían pensarse mejor las plusvalías aplicadas a la venta de viviendas. Que luego el Supremo les desautoriza, cuando el daño ya está hecho. Todo prueba una dañina voracidad recaudatoria, más opuesta que alejada del servicio a la sociedad, al contribuyente, al conductor
La Administración no nos roba. Solamente “nos descapitaliza”, lo que impide el crecimiento económico. Pero, a cambio, nos niega carreteras, puentes, servicios, cultura, escuelas, plazas y jardines. ¿A dónde irá, pues, el dinero?
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