Vaya por delante: es imprescindible aportar una parte de nuestros ingresos al bienestar general. Si eso es el Fisco, es imprescindible aportar al Fisco. Es imprescindible para contar con vías de circulación, (buena) educación, cultura, sanidad. Para eso se detrae un porcentaje del ingreso y se abonan impuestos directos e indirectos. Colaborar al sostenimiento de los servicios es obligación de todos. Y del Gobierno es obligación sostener los servicios. Por contrapartida, si no vamos a percibir pensiones, o van a ser ridículas, no debe haber aportación. Si no tenemos una buena estructura educativa, cultural, sanitaria, de infraestructuras y servicios, no debe obligarse a cotizar, ni se deben cobrar impuestos. Contradictorio, más aún: contraproducente, es pagar impuestos norteuropeos para recibir servicios africanos. No pagamos impuestos -no deberíamos pagarlos- sólo para mantener una caterva de políticos y sus particulares debilidades, ni para enriquecer bancos hispanos, suizos y caribeños, ni eléctricas, ni telefónicas, ni… todo lo que sigue y ya se sabe.
Hacienda, también se sabe, es el Ministerio más eficaz. Muchas veces el único eficaz. Lo que otorga a estos gobiernos de la España reciente, el dudoso, merecido y deshonroso título de ser eficaz sólo para cobrar impuestos. Pero, ojo, para cobrar impuestos a cierta parte de la población. El día que tuviéramos acceso a las deudas de grandes empresas con beneficios fuera de toda duda, podríamos “disfrutar” otro escándalo soberano, de los que todo el mundo comenta, pero nadie se extraña ni parece producirle ni siquiera sorpresa. Con las grandes empresas, no; pero con los pequeños contribuyentes, sí que se ceban. Lástima de “errores”. Hace días reclamaban, a un niño de siete años, una deuda contraída por su padre.
Precisamente la que le había llevado al suicidio. Menos mal que el niño no puede seguir el mismo camino, simplemente porque no entendería el requerimiento. Con regularidad, Hacienda, como ayuntamientos, diputaciones y Seguridad Social, protegidos por una “Ley Saló”, meten la mano en las cuentas de mileuristas y pensionistas, para cobrarse supuestas deudas por multas de tráfico, incluso recurridas y no respondidas. Les preocupa menos que nada dejar a la familia sin ingresos para pagar la luz y la comida. Para ellos comer puede esperar. Hacienda no.
En un régimen dónde los cargos públicos, a quienes se premia con móviles de alta generación, incluso con dietas y libertad para no usarlas, pueden percibir varias pagas durante su jubilación, el resto de los mortales, no. El parlamentario percibe 800 euros para manutención, pese a contar con el bar más barato de la península. Pero los pensionistas que cobren más de 631 euros “han vivido muy bien” según el ínclito Rajoy.
Por eso pueden reclamar a una jubilada 24.000 euros, por haber dado dos horas de clase, dos días a la semana. Veinticuatro mil, supone veinte veces lo cobrado por la mujer en todas las clases impartidas “ilegalmente”, según la ilegítima legislación fiscal española.
Es que “los pobres” tienen que apretar, si no, a ver cómo se puede financiar bancos, eléctricas y otros derroches varios.
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