Cuando se prescinde de la Ley se renuncia a la democracia”. Lo ha dicho el “lumbreras” Mariano. Se refiere a la suspensión de la declaración catalana de independencia. Y debemos suponer que lo aplica al intento independentista, aunque se lo podría aplicar a sí mismo y quedaríamos más tranquilos.
Renunciaremos a un análisis más profundo, imposible en 700 espacios, pero no a constatar el derecho de todos los pueblos del mundo a decidir su destino particular; Cataluña también. Ni, mucho menos, a la torpeza del “pues tú más”, tónica apabullante de la política española. Los ingleses, mucho más pragmáticos, permiten los referéndum, con lo que evitan encono y hacen ver a escoceses, galeses y norirlandeses la imposibilidad de obtener la independencia. Lejos de una filosofía de concordia y tolerancia, similar a la inglesa, este gobierno empeora la situación con prohibiciones y oposición violenta a la libre manifestación de la libertad de un pueblo.
Con frases razonables, Rajoy podrá demostrar que, en ocasiones, también sabe razonar. Pero no va a frenar un deseo cada vez más señalado por la insistencia de unos en utilizar la “honda” de la supuesta independencia y la de otros en la oposición irracional e irrazonada. La “unidad” no es una razón, es una imposición. Y ninguna imposición convence. Puede vencer, pero no convencer. No obstante, Rajoy pierde razón al usar ese argumento, después de haber impuesto reformas a la Constitución sin consultarla al pueblo que la aprobó y único Estado capacitado para su reforma, recusación o reafirmación, en su caso.
Ningún gobierno está capacitado legítima ni legalmente para reformar a su libre albedrío una Ley si con ello violenta la voluntad popular manifestada en su votación. Por lo tanto, no está capacitado para dar lecciones de democracia a nadie, menos aún después de la reforma del Código Penal y de una Ley forzada con los solos votos de su partido para impedir la protesta y el conocimiento público de cualquier exceso cometido por las fuerzas llamadas de “orden público”. Son procedimientos anti democráticos, que desautorizan a quien los ejerce.
El final, falto de emoción por conocido, es que la Generalitat ganará el pulso, porque Cataluña recibirá más dinero que, en definitiva, es lo que persigue este amago de “independencia”, frenado por un gobierno español quien, en nombre de algo a lo que llaman “democracia”, hará más pobres a las restantes comunidades para callar las voces levantadas en torno a esa supuesta independencia, cuyas principales victimas serían los propios catalanes. Es imposible creer que ni Mas (ni menos), ni Rajoy ni ninguno de los actores de esta comedia ignoren las consecuencias de una independencia real para Cataluña. De una independencia real, insistimos. Y, porque no se puede pensar en esa posibilidad, parece claro que unos amagan y otros frenan, para justificar a continuación la concesión de nuevas prerrogativas a los primeros, aunque eso suponga mayor pobreza para el resto. Justamente lo contrario de lo que haría un gobierno realmente democrático y preocupado por su pueblo. ¿Su? Bueno…
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