Tenemos una actitud conciliadora y receptiva (…) no vamos a ceder ante presiones manifiestas que no estén fundadas en la normativa de aplicación y los informes técnicos”. ¡Toma parrafada! Y, tras ella (o bajo ella, adivinanza) una vida en peligro. Dos: una por persistencia en la huelga de hambre. La otra porque, dada su situación física, depende de la primera; de su padre, que es quien reclama mayor nivel de atención para su hijo, enfermo. Entre tanto, cincuenta y cinco personas fueron despedidas de la Base de Morón unos meses antes de que el gobierno español decidiera regalar el territorio, ya ampliado. ¿Volverán los despedidos por el ERE? ¿Tiene sentido un ERE, si se está ampliando la base? Entre tanto, también, el TSJA lamenta cierto enfrentamiento, el de las juezas Alaya y Bolaños, porque perjudica a la Justicia.
Enfrentamiento que también viene por los EREs, esta vez por los presuntamente falsos, de los que presuntamente la segunda Juez intenta exculpar a la Junta de Andalucía, directamente responsable de ellos. No, no vamos a decir como aquel Alcalde. La Justicia es algo muy serio. Tan serio, que es la justicia -la de ciertos “otorgadores”- lo que perjudica a la Justicia.
¿Qué ocurrirá cuando la huelga de hambre ponga al hombre en situación crítica? ¿Lo obligarán a recibir alimentación asistida? Pues asistir al niño dejaría libre una cama hospitalaria porque alejaría el riesgo de enfermedad y de posible fatal desenlace. La Junta y el Gobierno están acostumbrados a recurrir, a postergar, total, ni los tapones de los oídos ni los recursos les cuestan nada: los pagamos los demás…
Pero luego, ni una disculpa, cuando una mujer enferma fallece por falta de tratamiento, o falta de medios económicos, retenidos por la Administración en interminables recursos dilatorios. Ni una disculpa. El poder destruye a quien lo ejerce, o quien lo ejerce destruye al poder. El caso es desprestigiarlo. Las leyes no están hechas para mejorar, porque obligan al administrado, pero no al administrador, hasta el punto de que al administrado le duele la cartera cualquier movimiento, de ataque a su persona o de defensa ante el ataque. Al administrador no. Sus errores los pagamos los demás. Muy distinto sería si políticos, asesores y funcionarios estuvieran obligados a correr con los gastos e intereses de sus recursos perdidos. ¡Cuan aplicados serían!
Pero la ley no se hace para mejorar; en todo caso para proteger a quien tiene poder sobre los demás. Y bien que se protegen: cuando marcan directrices a los informadores, cuando imponen leyes para impedir que sus desmanes sean conocidos, o cuando se destituye al autor de un informe desfavorable a la reapertura de la Mina de Aznalcóllar. Pero, si emitir un dictamen no favorable molesta a la Administración ¿a quien sirve la Administración? Si emitir un informe desfavorable basta para destituir a una persona ¿para qué sirve ese informe? Si el puesto de trabajo del técnico corre peligro por cumplir un encargo, sería más fácil y menos descarado dejar al técnico y hacerlo por sí mismos. ¡Uy! Eso tiene un inconveniente: el político tendría que sentarse y teclear en el ordenador. Demasiado trabajo.
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