Otra vez. Ahora, habitantes. Sevilla lleva perdidos más de 20.000, lo que supone que en torno a ocho mil familias se han marchado al extrarradio. Al “área metropolitana” todavía inexistente; a engrosar los censos de poblaciones vecinas. Lo hemos dicho muchas veces: “la ambición rompe el saco”. Sabio refrán que deberían aplicarse quienes se equivocan incluso cuando creen pensar sólo en sí mismos y, en todo caso sólo saben pensar en su comodidad mental. Es decir, no pensar, mucho más cómodo que hacer trabajar la parte del cuerpo asentada sobre los hombros. Colocada, más bien, asentada es otra cosa.
Sevilla ha bajado de los 700.000 habitantes, lo que le quita dos concejales y bastante dinero del que le correspondería recibir (correspondería, otra cosa es recibirlo), merced a la nefasta política de vivienda de los dos últimos ayuntamientos: el actual y el del tándem “progresista”, que incluso cambió el nombre a la Avenida Gual Villalbí, para huir de la “odiosa” comparación, de saber que aquel franquista hizo viviendas para alojar a miles de sevillanos. Ahora también se hacen, pero no para miles. Ni remotamente. A unos precios ligeramente inferiores a los de la iniciativa privada, para dejar en entredicho la supuesta e indemostrada “labor social” de Emvisesa. Por cierto: si los precios de la empresa municipal son tan similares a los privados, Emvisesa por fuerza debe obtener beneficio. ¿Alguien lo ha visto reflejado en los presupuestos municipales? ¿Dónde está ese beneficio? Y, si no lo hay ¿Cómo es que la iniciativa privada sí lo obtiene, y muy enjundioso, por cierto?
Una adecuada política de vivienda, que la pusiera al alcance de la mayoría, habría permitido aumentar el número de habitantes en vez de disminuirlo. Y no salgan con la cicatería bancaria, muy real, y sobradamente conocida, pero con la misma afección a la ciudad y a sus alrededores. La gente se va de Sevilla, la inmensa mayoría de las veces contra su propia voluntad, por la asfixia que los precios de la vivienda imponen a su economía. Si mano de obra y materiales tienen el mismo precio en Sevilla y en Alcalá de Guadaíra ó Sanlúcar la Mayor, por ejemplo, lo que hace cambiar el precio final es la combinación de suelo, impuestos y beneficio personal de promotora-constructora-inmobiliaria. Y en ello el Ayuntamiento tiene mucho que hacer. Mucha culpa. Toda la culpa. Incluso en el beneficio, que podría moderarse si los impuestos aplicados lo tuvieran en cuenta, escalonándose al mismo tiempo.
El crecimiento de las ciudades es, en gran medida, responsabilidad de las autoridades centrales y autonómicas. Lo ilustran los ejemplos de Madrid, Valencia o Málaga. Pero también es responsabilidad directa de los ayuntamientos, tanto en su política específica como en su capacidad de negociación con esos poderes “superiores”. En esta ciudad la política propia y la capacidad de negociación, están fallando por supeditar su labor a la disciplina de partido; por la sumisión a que se somete la autoridad municipal. Esa sumisión subraya la necesidad de alternancia en los tres estamentos. La coincidencia en el Ayuntamiento y en la Junta o el Gobierno, está siendo demoledora para Sevilla.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
