Cómo se prostituyen las palabras! El término “Moroso” sólo es aplicable a quien no paga por dificultad económica en el sentido de demora. Morosidad es lentitud, dilación, demora, falta de actividad o de puntualidad. Por tanto, el más espectacular moroso es la Administración, con su indiferencia enfermiza a cuanto suponga mejora para el ciudadano y su obsesión por recaudar como y de dónde sea. De ahí, quizá, el tildar de “moroso” en sentido peyorativo, a quien mantiene deuda con esa misma Administración, incluso en el caso de que la única comunicación se haga a través del BOE. Gracias a la desprotección jurídica provocada por la ley “gallardín” -claramente inconstitucional, porque conculca el Derecho Universal a la Justicia, reconocido por la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que ésta se somete- se han creado nuevos “morosos” impedidos de hacer frente a sus pagos, por la imposibilidad de cobrar a otros deudores de cantidades menores.
No obstante, en vez de proteger al acreedor de pequeñas cantidades y valorar la presunción de inocencia hasta la sentencia judicial, se permite la circulación de listas de “morosos” sin la menor garantía jurídica; sin ni siquiera necesidad de probar la existencia de la supuesta deuda, al incluir en ella un nombre.
Indefensión permitida pues pocas veces informan los responsables de esa lista y las entidades se niegan a darla al propio interesado, con el falso pretexto de “confidencialidad”, incumplida porque se niega información al propio interesado pero se manejan sus datos de sin ser clientes suyos, lo que sí debería estar prohibido. Pues ahora el propio Gobierno plantea elaborar una lista de deudores de alquileres, para impedirles el acceso a una vivienda. ¡Adiós al derecho constitucional! Y esto lo hace el mismo poder que, para mantener altos los precios, ofrece subvenciones pero no las cumple. En vez de beneficiar la codicia de un propietario, subvencionando el 90% del importe impuesto por el mismo ¿por qué no facilitar iniciativa pública? Pero, si realmente se va a abonar el 90% del importe del alquiler ¿para qué primero se le echa de la vivienda, como en el reciente escándalo de Cádiz?
A decretazos, el alquiler ha pasado a ser el único negocio con garantía absoluta de cobro, junto a eléctricas y telefónicas. Sin embargo, más justo y lógico que esas listas de deudores, sería abaratar los costos de una y otras. En vez de poner trabas, el Gobierno tiene la obligación de facilitarlas a todos los necesitados. O se arbitran medidas que hagan bajar precios, en vez de esas listas y las supuestas “subvenciones” a los propietarios, que benefician la carestía, o se construye por iniciativa pública. No debe continuar la opulencia del arrendador, en contraste con la miseria mayoritaria. Sin apellidos: el mal llamado alquiler “social” sólo es un disfraz con que mantener altos los precios. Alquileres humanos, lógicos, en vez de dejarse en ellos el sueldo, es lo que hace falta. La canalla especulativa no quiere comprender que el mejor seguro de pago es un precio acorde con el estado real de los ingresos de la mayoría.
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