El Estado necesita ingresos para mantenerse y prestar servicios. Es un principio reconocido. Para prestar servicios. A la Comunidad. Quede claro. Pero pagar prejubilaciones para disminuir puestos de trabajo sin oposición ni protestas, y financiar a la banca, para permitirles un relax que abandona su trabajo lógico de vender dinero, no es un servicio a la Comunidad. Si acaso lo será a empresas muy concretas y localizadas, con dinero sustraído a la Comunidad. Quede bien claro. El dinero entregado a entidades insensibles, no va a mejorar la economía, invertido en industria sí, hubiera animado el consumo y habría aportado fondos a Hacienda y a la banca.
Cobrar impuestos puede ser una justa necesidad. Valorarlos arbitraria y abusivamente nos devuelve a la Edad Media. Cuando se infló la burbuja bajo gobierno del PP, merced al beneficio voraz de unos cuantos y a la afloración de dinero negro forzado por el paso al euro, los precios de la vivienda se dispararon hasta un 3.000%. Tres mil por cien de subida; gracias al dinero que podría, que con la amnistía entonces negada, debería haberse invertido en actividades productivas. El beneficio de promotoras, constructoras, inmobiliarias y financieras alcanzó similar nivel, como lo prueban algunas caídas de precios: Ejemplos: una urbanización anuncia la bajada desde los 180.000 a 100.000 euros.
Otra, de 325.000 a 220.000. El precio de la vivienda está bajando, pese a los intentos de bancos y promotoras por mantenerlo alto con “tasaciones” interesadas y mentiras sobre la bajada real.
Ni remotamente ha vuelto al nivel anterior a la brutal subida, todo se andará, pero el gobierno lo impide, para satisfacer su voracidad recaudatoria, buscando el ingreso como un negocio, en vez de cómo una parte del servicio a que está obligado por el compromiso contraído con la sociedad, al requerir un cargo público. Propietarios acuciados por la necesidad, se resisten a vender porque Hacienda, con tal de trincar, aplica un baremo arbitrario, muy superior a los precios actuales de mercado y muchísimo más altos de los que serían lógicos. La prácticamente inexistente moral del Gobierno impide que los precios bajen, cosa que parece importarles mucho menos que el interés en ingresar más, a costa de que el propietario particular ingrese menos. En estas condiciones, es normal la rebelión, es normal volver a ver pintadas, ahora con rotundos “No al IBI” ó “IBI atraco”. Normal y lamentable por la vergonzosa, deplorable y desoladora actuación de un gobierno negado a reconocer la realidad del mercado, solamente cuando es favorable al consumidor.
La Administración debería quitarse la venda de los ojos, o la careta del rostro. El dinero no debe salir de las costillas del sufrido ciudadano. El ingreso debe crecer aumentando el número de contribuyentes, jamás exprimiendo a quien han puesto contra las cuerdas; pero para eso deberían crear empleo, pese al dictado berlinés. Su deber es aumentar el número de contribuyentes en vez de disminuirlo; es cobrar a quien más tiene, invertir en actividades productivas, en vez de financiar a los bancos, barbaridad que ha servido para despedir personal, en único beneficio de las entidades y su enfermiza sed de crecimiento.
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