Los nuevos criterios que exige el Ministerio de Agricultura para obtener y distribuir comida entre los ciudadanos necesitados de ayuda lo hacen más difícil, según los colectivos encargados de estas tareas. Los representantes municipales se han pronunciado al respecto.
La socialista María Gámez habla de la necesidad de poner orden en el reparto desde el Ayuntamiento, el encargado directo de poner en marcha estos criterios a través de su plan municipal de ayuda alimentaria. Pero, sin poner en riesgo un servicio que da de comer a miles de familias, tan sólo en la capital, ha dicho.
Para Izquierda Unida, la situación es grave, dada la exigencia de un certificado de exclusión social para que las familias puedan acceder a los alimentos. Las exigencias también se extienden a las organizaciones, que deben encargarse no sólo de aportar esta ayuda básica sino de favorecer a la integración social de estas familias.
Los recortes presupuestarios como consecuencia de la crisis económica han sido protagonistas del Pleno municipal de febrero.
A las protestas sobre los nuevos requisitos gubernamentales para dar y recibir ayuda básica para comer se suman los despidos y la privatización de AENA, la gestora de los aeropuertos españoles, que denuncian sus propios trabajadores, que han tomado la palabra en la sesión.
Asimismo, Izquierda Unida ha llevado a Pleno las reivindicaciones del Orfeón Universitario de Málaga, que demanda al Ayuntamiento desde hace años un espacio fijo donde poder ensayar.
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