La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó hoy en una audiencia pública a las partes involucradas en la demanda contra el Estado de Perú por la supuesta desaparición forzada de 15 campesinos de la comunidad de Santa Bárbara en 1991 a manos de militares.
El caso que comenzó a juzgarse hoy en la CorteIDH se remonta al 4 de julio 1991, cuando miembros del Ejército peruano adelantaron un operativo militar dentro de dos sectores de la comunidad en las montañas de Huancavelica.
En la audiencia pública, los jueces escucharon las declaraciones de la presunta víctima Zenón Cirilio Osnayo, quién perdió durante esa supuesta desaparición forzada a su esposa y tres hijas.
Osnayo fue sentenciado a 45 años de cárcel acusado de ser un aparente cabecilla de un grupo terrorista, pero cumplidos 10 años de la condena, en el año 2004, fue absuelto de toda culpa.
"El daño moral nunca me lo van a reparar, esa herida que tengo nunca va a sanar (...) Quiero que me hagan la entrega de los restos para yo tener un lugar donde poner una vela y una flor", declaró hoy Osnayo a los jueces.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que durante el operativo 15 miembros de la comunidad, entre ellos siete niños de edades entre los ocho meses y siete años, fueron fusilados.
Los detenidos fueron aparentemente golpeados y sus viviendas fueron incendiadas, mientras que sus pertenencias fueron robadas por miembros del operativo militar, según alegó Osnayo.
Posteriormente, las supuestas víctimas fueron llevadas a la Mina Varallón, llamada popularmente como la mina "Misteriosa", donde fueron ejecutadas por los militares con fusiles y en donde, el Ejército, según la denuncia, empleó dinamita para hacer desaparecer los cuerpos.
A pesar de que en el marco de las investigaciones internas, habría quedado demostrada la responsabilidad penal de los militares denunciados, según la Comisión, tras la reapertura del proceso penal en el año 2005, los hechos se encuentran en la impunidad.
El representante de las presuntas víctimas, Francisco Quintana, explicó a Efe que el caso es un "plan de exterminio de personas que posiblemente eran consideradas como subversivas" y sus autores han quedado en la impunidad.
"Actualmente hay una persona condenada a 20 años de prisión, pero había una patrulla militar en la que estaban una decena de oficiales, entonces, ¿en dónde están ellos?, algunos están prófugos en Argentina", aseveró Quintana.
El defensor añadió que lo que piden a la CorteIDH es que se avance en las investigación y que se brinde la dignificación con la entrega de los restos a la presunta víctima.
Los representantes de las víctimas también presentaron al perito José Pablo Baraybar, director ejecutivo de la ONG del Equipo Peruano de Antropología Forense, quien aseguró que el Estado no cumplió con los estándares mínimos internacionales de recuperación de restos.
Baraybar expresó que, de momento, no se tiene conocimiento de cuánto excavaron los forenses en la mina para recuperar todas las partes de los cuerpos humanos y criticó que no existe una congruencia entre el informe entregado al Ministerio Público y la cantidad de supuestas víctimas.
El perito añadió a Efe que más allá del caso sobre la Comunidad de Santa Bárbara, Perú debe fortalecer los mecanismos para identificar a las víctimas de desapariciones forzadas y planificar intervenciones antropológicas forenses.
Por su parte, el Estado presentó como testigo el arqueólogo forense del Ministerio Público de Perú, Luis Alberto Rueda, quien participó en una excavación de los cuerpos en el año 2010.
"En la recuperación de los cuerpos se comprobó que fueron ejecutados y dinamitados ya que encontramos fragmentos de cuerpos y no cuerpos enteros (...) Todo el proceso (de recuperación de restos) se llevó a cabo siguiendo las pautas internacionales", afirmó Rueda.
Agregó que la recuperación tuvo muchas "dificultades", debido al deslizamiento de piedra y la filtración de agua, y también puntualizó que, según su opinión, la mina fue excavada en su totalidad para recuperar los cuerpos y que los restos se encuentran en el laboratorio forense.
Los jueces escucharán mañana los alegatos finales de ambas partes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.
La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
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