La Audiencia de Cádiz deberá pronunciarse sobre si la normativa europea, que considera que toda persona es libre de hacer lo que quiera con sus bienes, avala la cesión que la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, hizo de sus bienes a una fundación pública, privando de ellos a sus hijos.
La Fundación Casa Medina Sidonia, que la conocida como "Duquesa Roja" constituyó en 1990, ha esgrimido hoy esta jurisprudencia europea en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz.
En esta sala ha proseguido hoy el largo litigio en el que los tres hijos de la aristócrata reclaman sus derechos hereditarios sobre los bienes con los que su madre constituyó esta institución dieciocho años antes de morir.
Estos bienes son el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), sede de la Fundación Medina Sidonia, y, su principal "joya", un archivo con más de seis millones de documentos (el más antiguo del siglo XII) considerado como el más importante de Europa, como un referente para los historiadores, y catalogado como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.
La Sección Segunda de la Audiencia de Cádiz ha analizado hoy los recursos que las distintas partes han puesto contra la sentencia del juzgado de Sanlúcar de Barrameda que en diciembre del 2015 dio parcialmente la razón a los tres hijos de la "Duquesa Roja" y decretó que la Fundación debía pagar 33 millones de euros tanto ellos, como a su viuda, y seguir siendo titular de este patrimonio.
La sentencia se asentaba en el Código Civil español, que reconoce que una persona no puede disponer libremente sobre la parte legítima de sus bienes que corresponde a sus herederos.
Sin embargo la Fundación Casa Medina Sidonia ha defendido hoy, como apuntó en su recurso, la diferente normativa europea sobre este asunto y que, según su abogado, tendría primacía sobre lo que establece el Código Civil español al respecto.
La defensa de Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hijo mayor de la duquesa, actual duque de Medina Sidonia, y a quien correspondería 16 de los 33 millones de euros que fijó la sentencia, ha vuelto a reclamar en su recurso que, en lugar de esta compensación económica, se le reconozca como titular de su cuota de los bienes, lo que le convertiría en cotitular de los bienes de la fundación.
Fuentes jurídicas han apuntado a Efe las dificultades que acarrearía esta fórmula para gestionar una fundación, como ya reconoció la sentencia, que estableció el pago monetario ante el nivel de protección cultural del patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural, y la "indivisibilidad" de su archivo.
Los dos hijos menores de la duquesa, a los que les correspondería cinco millones de euros a cada uno, y su viuda, Liliane Dhalman, no han recurrido este aspecto de la sentencia.
Fuentes de la defensa de Liliane Dhalman, a quien la "Duquesa Roja" nombró antes de morir presidenta vitalicia de la fundación, han señalado que, sobre este aspecto, la viuda se alinea con la fundación que preside y cuyo futuro sigue pendiente de los tribunales.
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