Pocos temas han contribuido tanto a la polémica en los últimos años como el de la vivienda. De ser el motor de la economía, el buque insignia del gobierno de Aznar, que exprimió hasta el desastre, por culpa de su famosa Ley del Suelo, a convertirse en el mayor lastre que arrastra este país. Todo ello aderezado con la mayor sangría económica y, por consiguiente, causa de la supresión acelerada del estado del bienestar, para subvencionar alegremente con dinero de todos los españoles, los desmanes, la incompetencia, las malas prácticas y los contratos blindados de los interesados directivos bancarios.
Las peores consecuencias de este desastre, si olvidar la estafa al contribuyente en general, la han sufrido aquellas personas que, por culpa de la crisis generada por los mismos bancos, perdieron su trabajo, y al serles imposible seguir pagando, se vieron víctimas de los vergonzantes desahucios, escandalosamente numerosos y sin visos de término.
Algunas organizaciones sociales y políticas, asumiendo que solo con la denuncia y la resistencia pacífica se pueden oponer a estos dramas, que han causado demasiadas muertes por suicidio y trastornos físicos y, sobre todo, emocionales a quienes los sufren, plantean además un apoyo a la ocupación de viviendas que estos bancos iban amasando por efecto de este proceso.
Hasta aquí todo claro, comprensible la justa lucha por defender la vivienda de la rapiña de los bancos y las leyes que les protegen. A partir de aquí habrá que hilar más fino.
¿A quién puede extrañar que quien ha perdido su casa trate de buscar cobijo donde sea para su familia y que si se tiene que meter en una de esas viviendas que los bancos han recibido como producto del fracaso de esta sociedad, lo haga? ¿No es normal que existan organizaciones y personas que apoyen esta solución desesperada? Hay que tener el corazón muy duro para permanecer impasible ante situaciones como estas.
¿Acaso puede llamar la atención que colectivos con un hondo compromiso social “okupen” un edificio vacío, abandonado en la práctica y sin idea de ser utilizado, para acometer de modo altruista un proyecto social, como ocurrió con Valcárcel de Cádiz? El 15-M en el año 2011 convirtió un criadero de ratas en un centro de dinamización sociocultural y educativa, gestionado de forma democrática y que mantuvo un programa de actividades para la zona comprometido y eficaz.
En este tipo de situaciones no tengo ninguna duda; estoy totalmente de acuerdo con la “okupación”.
Pero en temas espinosos como este no siempre es sencillo tomar partido; a veces se peca de dejarse llevar por el apasionamiento y uno se inclina hacia uno u otro lado sin mucho meditarlo. Cuando la problemática social crece, y quienes la sufren buscan alternativas a problemas vitales, estas soluciones resultan admisibles; mas no por ello se puede generalizar.
Somos conscientes de que, aprovechando estas circunstancias desgraciadas, hay quienes se las ingenian para acaparar para sí cuantas oportunidades legales o ilegales se dan en su entorno. Son muchas las quejas de que siempre son los mismos quienes se aprovechan de las pocas oportunidades, tanto de trabajo como de ayudas directas. No se puede consentir que unos hagan acopio de las ayudas mientras hay gente que se queda sin ellas. Esto convierte en injusta una labor tan necesaria y tan encomiable como la de proporcionar a los que no tienen lo mínimo para subsistir.
En el caso de los asaltos a los edificios de la calle Calvario pasa algo parecido. No se puede tolerar bajo ningún concepto que haya quienes se apropien de la viviendas de otros por el hecho de que en ese momento estén vacías. No todas las “okupaciones” se pueden justificar, mucho menos cuando se consiguen con el único criterio del empleo de la fuerza. Esto no tiene ninguna función de reconocimiento social. No deja de ser un delito de allanamiento de morada, de usufructo ilegal y de un cúmulo de barbaridades que no tienen por donde cogerse, sea quien sea el propietario. A favor de esto no hay argumento serio que lo sustente.
Cuando los problemas rebosan la capacidad de los individuos y de las familias, las autoridades deben estar ahí para procurar soluciones. Pero estas deben ser justas y bajo criterios que solo las personas encargadas de valorar la situación, que conocen cada caso en particular, pueden establecer un orden de prioridad.
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