Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la vivienda, situada en la calle de Rodríguez Sampedro de Madrid, estaba a nombre de un hijo de Yagüe, quien fue condenada en 2013 por la Audiencia Provincial de Málaga como autora de dos delitos de cohecho pasivo, un delito de malversación y otro de fraude.
En esa sentencia se determinaba la confiscación de esa vivienda, pues consideraba probado que era de propiedad de la exalcaldesa de Marbella, que había usado a su hijo como testaferro para eludir los efectos pecuniarios que pudieran derivarse del fallo judicial.
El 11 de diciembre de 2013, el Tribunal de Cuentas dictó otra sentencia en la que estimaba parcialmente la demanda del Ayuntamiento de Marbella y declaraba a Yagüe responsable contable directa de la cantidad de 348.129,52 euros de los que tenía que responder de forma solidaria con los demás demandados en la cantidad de 78.975,60 euros, además de los intereses legales y las costas de procedimiento.
El 4 de abril de 2014, además el mismo tribunal acordó como medida cautelar el embargo preventivo de la vivienda para que pudiera hacer frente a la sanción económica.
Pero, según el fiscal, antes de que se ejecutara dicha sentencia la acusada ordenó a su hijo que transmitiera la vivienda a una tercera persona "que no consta tuviera intervención en los hechos descritos" por un importe final de 480.000 euros con el único fin de eludir el pago "de las responsabilidades civiles a las que fue condenada".
A juicio del Ministerio Público, ese comportamiento es constitutivo de un delito de insolvencia punible, con la agravante de reincidencia, por lo que pide que se condene a Yagüe a tres años de prisión y que indemnice al Ayuntamiento marbellí con 480.000 euros.
Solicita además que se requiera a la acusada para que deposite una fianza en cuantía suficiente para asumir las responsabilidades económicas que se le puedan exigir
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