El Tribunal de Cuentas ha reclamado otros 44,7 millones de euros a los exdirectores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez por las ayudas concedidas a 47 empresas y a 6 ayuntamientos de la provincia de Sevilla, como son los de Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río.
En un acta de liquidación provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal fiscalizador cifra el "presunto alcance" por estas ayudas en 48.623.606,72 euros --de ellos, 4.143.450,03 euros son intereses-- y nombra "responsables contables" a Guerrero, Márquez y a las 47 empresas y 6 ayuntamientos mencionados.
Cabe recordar que esta cantidad se suma a los 64,3 millones de euros que, mediante una primera acta de liquidación provisional relativa a las presuntas comisiones, ya reclamó el Tribunal de Cuentas a Guerrero, Márquez y al también exdirector de Trabajo Daniel Rivera, lo que hace un total de 112,9 millones de euros. Asimismo, queda pendiente una tercera fase en la que el Tribunal de Cuentas analiza las ayudas sociolaborales.
El tribunal fiscalizador investiga este asunto tras una denuncia que formuló el PP-A en el año 2011 en la que ponía en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones o ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas considera que Guerrero sería "responsable contable" del pago de 33,7 millones de euros, al que deberá hacer frente de manera solidaria junto con los seis ayuntamientos y las empresas que recibieron las ayudas, destacando los 4,8 millones del Grupo Pickman; los 4,1 millones a A Novo Comlink, o los 3,9 millones a favor de Promi.
Asimismo, Juan Márquez deberá hacer frente al pago de 11 millones de euros de manera solidaria junto con las empresas que recibieron las ayudas, destacando los casos de Astilleros de Sevilla, con 3,9 millones, los 1,3 millones de Nature Pack, o los 656.997 euros de Virgen del Espino.
"OBSTRUCCIONISMO"
"Todo lo anterior sin perjuicio de lo que en fase jurisdiccional posterior pueda declarar la consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento a quien por turno ha correspondido el conocimiento de los hechos objeto de estas actuaciones previas", asevera.
El representante legal de la Junta de Andalucía manifestó su disconformidad con el contenido de la acta de liquidación provisional, al igual que hizo la representación del PP-A, que criticó "el obstruccionismo y la falta de colaboración" de la Junta "siendo además la perjudicada por el menoscabo de fondos públicos".
"Esa falta de colaboración ha conseguido llevar a engaño a este Tribunal tanto en las personas responsables del menoscabo como en la cuantía de los fondos públicos que han sido investigados en estas actuaciones", aseveró el PP, señalando que la Junta "ha faltado a la verdad al establecer que los competentes para el manejo" de los fondos públicos eran los tres exdirectores generales de Trabajo, en referencia a Daniel Rivera, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
"MENOSCABO"
Así, y "si bien estos señores no son ajenos a ese menoscabo, es lo cierto que hasta que en época de Márquez se realiza una delegación expresa en la Dirección de Trabajo para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales, hasta esa fecha el competente para el otorgamiento de las subvenciones excepcionales" era el consejero de Empleo, mientras que "en cuanto la cuantía del compromiso de gasto fuese superior a tres millones ese gasto debía ser autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta".
Además, "tampoco se ha apreciado responsabilidad alguna en la presente liquidación de ninguno de los centros directivos de la Consejería de Hacienda de la Junta, que al fin y al cabo es la que en todo caso maneja los fondos y tiene la obligación de controlar y fiscalizar su legal destino", punto en el que resalta que "hasta en 19 ocasiones, la Intervención General de la Junta ha venido informando y desde 2001 de las irregularidades cometidas por la Consejería de Empleo, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y el propio IFA".
Dichos informes, según el PP-A, "fueron notificados por la Intervención General a loas distintos consejeros de Empleo, a los consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, a los órganos rectores del IFA y muy especialmente a la propia Consejería de Hacienda, que nunca adoptó medida alguna para evitar el menoscabo y ello sabiendo que esos informes recogen irregularidades contables desde el año 2001".
Así, la representación legal del PP-A considera que "los mayores responsables de la Junta son a los que se debe atribuir la responsabilidad contable por cuanto no solo eran competentes sino que eran además sabedores del ilegal manejo de los fondos públicos".
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