El gobierno del PP y sus representantes en Málaga se han quedado solos a la hora de defender el traslado hasta el nuevo centro penitenciario de Archidona de más de 500 personas llegadas en patera a Murcia, improvisando en las instalaciones que están aún por inaugurar, un centro de internamiento que casi nadie quiere. Así, frente a las justificaciones del delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz que aseguró que es una medida provisional y excepcional que se adopta de manera urgente ante la “avalancha” de inmigrantes, las lógicas justificaciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido que defendió que "el sistema ha colapsado y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado porque esas personas estén en un sitio con calefacción o duchas”, y el discurso de apoyo del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, que indicó que se ha buscado la respuesta “mejor posible y menos mala”, el aluvión de críticas, rechazo y anuncio de acciones en los juzgados no se hizo esperar.
El propio Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, mostró su “preocupación y sorpresa” por esta decisión y lo hizo preocupado por que la decisión de ubicar a personas extranjeras en un centro penitenciario es algo prohibido por la legislación española, a diferencia, ha dicho, de lo que ocurre con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). También, desde la la Oficina del Defensor del Pueblo Estatal se advirtió que que está vigilante para que se garanticen los derechos de estas personas internadas, toda vez que ya han comenzado a recibir las primeras quejas.
Rechazo y denuncias
La Abogacía Española manifestó ayer su “más absoluta condena” por el ingreso en el Centro Penitenciario de Archidona de los casi 500 inmigrantes y exigió su “inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados”; el sindicato de prisiones Acaip denunció una “actuación deliberada” para engañar o dar información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona al que autorizaban el traslado de los inmigrantes llegados el pasado fin de semana porque según el presidente del colectivo, José Luis Pascual, en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona que “nunca ha existido”; y el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, se alineó con las ONG al no considerar adecuada la cárcel para el internamiento de medio millar de inmigrantes.
Son solo una muestra de las reacciones en contra, porque hay muchas más: una veintena de organizaciones sociales indicaron su rechazo y anunciaron estudiar acciones legales ante una práctica que consideran “absolutamente ilegal”. Entre las organizaciones se encuentran la Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ALA Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Andalucía Acoge, Asociación Abraza África, Asociación Sin papeles, Comunidades Cristianas Populares (Granada) Coordinadora de Barrios, Federación Sos Racismo, Médicos del Mundo, Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado o SOS Racismo. También La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) exigió que se pongan en marcha medidas alternativas al internamiento y cuestionó las condiciones en que están internados.
También partidos políticos: desde Unidos Podemos en el Congreso se expresó “profunda preocupación” ante el traslado a la cárcel y se recalcó que se trata de una medida “ilegal” que “vulnera derechos humanos” ya que el Gobierno se “salta a la torera toda la regulación”; desde el PSOE su secretaria de Políticas Migratorias, Beatriz Rubiño, mostró su rechazo frontal ya que aseguró que no se trata de “delincuentes ni pueden ser tratados como tales, recluyéndolos en celdas en lugar de ser alojados en habitaciones”.
Lo resumió la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero que lo calificó de “grave y lamentable”.
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