El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha incoado diligencias por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con unas supuestas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento durante la etapa de gobierno del PP.
El magistrado ha acordado esta medida "contra quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa" al considerar que los hechos "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", según ha anunciado hoy el portavoz del Gobierno municipal, Javier Porcuna.
El Ejecutivo local -integrado por PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP)- acordó en enero remitir a la asesoría jurídica externa una docena de expedientes para que estudiara la posibilidad de exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales a la exalcaldesa Ángeles Muñoz, por el supuesto daño causado con las contrataciones.
Según el Gobierno municipal, el PP contrató personal de confianza como cargos de "alta dirección", a través de sociedades municipales y organismos autónomos locales, que "según han determinado diferentes juzgados se produjeron en fraude de ley", lo que obligó al consistorio a reincorporar o indemnizar a estos trabajadores.
La asesoría jurídica externa del Ayuntamiento presentó la documentación ante la Fiscalía de Área de Marbella, que apreció indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos y remitió la misma a los juzgados para que se incoasen diligencias previas, ha explicado Porcuna.
El juez, según ha indicado el portavoz, ha solicitado al consistorio que remita cada uno de los expedientes de contratación y la copia de las sentencias de los juzgados de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordando las readmisiones.
En su auto, el magistrado también requiere al Consistorio los informes de la asesoría jurídica municipal y los informes del Consejo Consultivo referentes a algunas de las contrataciones.
"El juez entiende que hay un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno.
Porcuna ha recordado que, aunque el juez establece que la instrucción determinará los posibles responsables, el equipo de Gobierno ya adelantó que todos los contratos están firmados por la exalcaldesa, "en muchos casos como consejera delegada de manera individual cuando le correspondería al consejo de administración".
Tras las sentencias judiciales que consideran fraude de ley las contrataciones, ocho de los doce trabajadores optaron por la readmisión y se encuentran en situación de personal indefinido en el Ayuntamiento.
El equipo de Gobierno denunció que las contrataciones se hicieron sin transparencia, sin concurso público y en algunos casos sin la titulación preceptiva al cargo o con salarios por encima al equivalente en la plantilla municipal y cifra en 400.000 euros el daño económico en indemnizaciones y salarios de tramitación.
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