Málaga Ahora se ha propuesto que no haya ni un corte de agua más a las familias con pocos recursos de la capital. La formación que encabeza Ysabel Torralbo presenta una moción a la Comisión de Derechos Sociales para que la empresa municipal Emasa contacte con los servicios sociales comunitarios antes de dejar sin este bien básico a cualquier hogar “para asegurarse de que no se trata de familias en riesgo de exclusión que estén tramitando ayudas para hacer frente al coste del suministro”.
Hay que recordar que Emasa cuente con un fondo social que ha subido hasta los 500.000 euros en 2015 para hacer frente a estas situaciones, pero la portavoz adjunta, Isabel Jiménez, lamenta que “muchas familias aún se quedan sin suministro por incapacidad de afrontar el pago, en bastantes ocasiones por problemas burocráticos y de descoordinación de los diferentes agentes implicados”. “Debemos avanzar en la consideración del derecho al agua como un derecho humano”, apostó la edil, que abogó por un mandato jurídico de “obligado cumplimiento para todos los operadores del servicio de agua en Andalucía”.
Pobreza hídrica
Jiménez aseguró ayer que actualmente “existe consenso social en la lucha contra la pobreza energética, en la que se inscribe la llamada pobreza hídrica”. A su juicio, situaciones de corte de agua, que antes resultaban excepcionales, “son ahora mucho más habituales”, según los últimos datos sobre pobreza referidos a Málaga, que colocan a la ciudad como la cuarta capital más pobre del país.
La formación va más allá, y en su moción también plantea que el Ayuntamiento de Málaga bonifique el cien por cien del coste de la tarifa de reconexión, el “enganche”, en caso de corte cuando se constate que este se ha producido por incapacidad manifiesta de pago por falta de recursos económicos de la familia.
Con la entrada en vigor de la nueva tarifa del agua, que contempla un mínimo vital de 133 litros por habitante y día, se amortiguó los efectos del llamado “tarifazo” que, tras la entrada en vigor de la factura por habitante en lugar de vivienda, penaliza a los hogares individuales y mayores. Un cambio que trajo consigo un aumento del fondo social y el compromiso de acabar con los cortes en hogares vulnerables al actuar antes de que se produzca la deuda de suministro.
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