El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha pronunciado este viernes durante rueda prensa sobre el conflicto abierto entra la administración andaluza y la empresa sanitaria Pascual por la falta de acuerdo para la renovación del concierto sanitario y que está produciendo graves consecuencias para los trabajadores de la entidad privada, ya que este mes han dejado de cobrar sus nóminas.
El dirigente socialista ha destacado que desde la Junta “compartimos la preocupación con los trabajadores de Pascual”. Por ello, ha señalado que la disposición de la administración andaluza para la alcanzar la firma es absoluta. “Hay que procurar el acuerdo con Pascual y para ello no es bueno poner una fecha límite” y ha añadido “aunque la Junta tiene su propia estrategia, pero siempre desde la negociación”.
En cuanto a los difíciles momentos que viven los trabajadores de Pascual con el despido de más de 1000 personas durante estos meses de conflicto y el impago de nóminas, además de la deficiencias en las condiciones de prestar sus servicios, Jiménez Barrios ha insistido en que la Junta ha dejado en cuenta judicial “más de ocho millones de euros para que pudieran sufragarse las nóminas de los trabajadores. Además, el dirigente socialista ha apuntado que se ha iniciado un expediente de revisión de oficio de la deuda de lo que va de año de prestación del servicio sin concierto, valorado en más de 60 millones de euros, por el que la administración reconoce el pago a la empresa Pascual. En este sentido, Jiménez Barrios ha señalado que la Junta está incluso dispuesta a darle a Pascual una certificación de reconocimiento de crédito que pueda hacer efectivo en cualquier entidad financiera.
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