El “partido de vuelta” del futuro de Limasa se juega hoy, después de que el comité de empresa haya aceptado las condiciones del equipo de Gobierno popular para municipalizar la gestión, entre ellas, rebajar su sueldo para equipararlo al del resto de empleados municipales, el aumento de la jornada a 35 a 37,5 horas y la entrada a la empresa por méritos e igualdad. Toca ver si las cuentas puestas sobre la mesa por el sindicato, que cifra ahora en 13,2 millones de euros el ahorro que supondría una Limasa pública, convencen a los populares.
“No vamos de farol, queremos arrimar el hombro para que Málaga esté más limpia y estamos convencidos que es el momento”, defendió el presidente del comité, Manuel Belmonte. Estiman que solo trabajar dos horas y media más le supondrá un ahorro de más de 4 millones a las arcas municipales, “porque no tendrán que contratar más gente”, indicó.
Sobre la mesa, una propuesta para equiparar a la plantilla de Limasa al convenio de operarios municipales, que supondría dejar por el camino un 20% de sueldo, una rebaja de unos 240 euros teniendo en cuenta la nómina media de 1.200 euros de un operario, aunque ya el alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado pluses de productividad como sistema para “compensar”. “Es el momento de que no volvamos a equivocarnos con la privatización”, apuntó Belmonte.
4 años de paz social y adiós a los puestos hereditarios
El comité de empresa ha ofertado cuatro años de “paz social” a cambio de la municipalización de Limasa. Aunque Belmonte prefiere hablar de “estabilidad” y “tranquilidad”, pero lo cierto es que la conversión a un contrato público garantizaría que la ciudad no se enfrentara a una nueva huelga de basura. La plantilla se ofrece a tener los dos primeros años el sueldo congelado y los dos siguientes disfrutaría de la misma subida que el resto de empleados municipales.
Otro de los “sacrificios” que los trabajadores están dispuestos a hacer será acabar con los llamados puestos hereditarios, que permite acceder a la empresa en caso de jubilación, invalidez o fallecimiento. “Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo encima de la mesa”, defendió el presidente sindical.
El futuro modelo de limpieza debe estar acordado antes del 15 de julio. Mientras los grupos de izquierda batallan por la gestión pública, Ciudadanos aboga por un contrato privado por lotes y el PP ve más efectivo garantizar la calidad de la capital con una empresa externa.
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