La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre de nacionalidad alemana a dos años de prisión por quedarse con dinero que ingresaron dos inversores a favor de una sociedad que supuestamente pretendía llevar a cabo un complejo hotelero en Dubai. Además, deberá indemnizar a una de las perjudicadas con 134.000 euros y a otro con la cantidad de 19.600 euros.
Según se declaró probado en la sentencia de la Audiencia, a principios de 2004, una de las perjudicadas y su novio contactaron con un hombre, quien les dijo "que era un príncipe" y propietario de una entidad privada, con domicilio social en Liechtenstein, que iba a llevar a cabo un proyecto hotelero, pero ambos declinaron la participación.
No obstante, ese mismo año, sí que firmaron un contrato con dicha agencia de forma que cobrarían un seis por ciento de comisión de las cantidades que obtuvieran de otros inversores interesados en dicho proyecto. Entonces, aquel hombre propuso a la mujer que transfiriera a una cuenta abierta en Fuengirola (Málaga) por uno de sus empleados de total confianza, el acusado, para obtener rentabilidad.
Así, la mujer ingresó 284.000 euros, haciendo constar como beneficiario la mencionada entidad privada. De dicha suma, 150.000 euros fueron trasladados por el acusado a otra cuenta para obtener intereses, dinero que sí ha sido recuperado, según la resolución; mientras que el procesado realizó extracciones en metálico de la primera cuenta por valor de 86.700 euros.
Por otro lado, en virtud del contrato de agente firmado, la mujer convenció a un amigo para que invirtiera 19.690 euros en el proyecto turístico, supuestamente patrocinado por la sociedad, creyendo el hombre que estaba suscribiendo 5.000 participaciones de la futura cotización bursátil de la iniciativa. Se desconoce el destino que el acusado dio a ese dinero, dice la sentencia.
Se le condena por un delito de apropiación indebida, porque "en vez de aplicar las sumas a los fines para los que se les habían entregado, las hizo suyas", pero no por el de estafa, ya que la Sala considera que si hubo engaño, "lo que es muy posible", sería atribuible al propietario de la entidad privada, al que no se le tomó declaración.
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