El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene previsto tomar declaración este próximo martes día 30 de junio a otras dos personas investigadas en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu', según han informado fuentes judiciales.
Así, han indicado a Europa Press que son dos mujeres relacionadas con una entidad empresarial sin ánimo de lucro, a la que se concedió una ayuda de 98.900 euros para un curso de programador de aplicaciones informáticas, que fue subcontratado con una empresa vinculada con los investigados y que se desarrolló en la sede de otra sociedad, también relacionada, ubicada en Coín (Málaga).
Otras tres personas vinculadas a esta misma entidad empresarial y curso ya comparecieron hace unas semanas. Estos tres hombres, dos de los responsables de la entidad y un monitor, defendieron que actuaron dentro de la legalidad, que la formación se impartió y que contrataron a siete alumnos, aunque éstos no habrían estado los seis meses correspondientes porque encontraron otro trabajo.
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incidían en sus primeros informes, incluidos en el sumario, en que existe una vinculación entre las empresas y en que se utiliza la entidad sin ánimo de lucro para obtener subvenciones que luego gestionan alguno de los miembros de la misma pero a través de otras empresas, con el fin de "enriquecerse".
Esta es una de las 17 empresas investigadas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros en global-- en la convocatoria de ayudas, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con distintas empresas.
En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior.
Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.
Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.
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