La candidata socialista a la Alcaldía de Málaga, María Gámez, ha anunciado este domingo durante la celebración de la XVI Carrera por la Integración que reservará un cupo mínimo del 10 por ciento para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público de la capital e incluirá cláusulas sociales para fomentar su contratación en proyectos financiados con dinero municipal.
Así, Gámez pondrá en marcha medidas, si vence en las elecciones del 24 de mayo, que permitan la integración laboral de los discapacitados e impulsará mejoras para la accesibilidad en los espacios públicos y privados de la ciudad.
"Si la crisis y las medidas del PP han agrandado la desigualdad en toda la sociedad, esta desigualdad ha aumentado entre las personas que ya de por sí sufren esa desigualdad de partida", ha recordado la candidata socialista, que apostará por blindar la inversión local "ante las políticas de recortes del PP", de forma que el presupuesto municipal en esta materia se mantenga o suba de forma independiente a la situación económica.
Según la líder socialista, "Málaga tiene situaciones de desigualdad que exigen una inversión constante ante los recortes del PP, será nuestra regla de oro".
De forma paralela, Gámez ha destacado que mejorará la accesibilidad en espacios públicos y privados de la ciudad. "Será prioritario para los socialistas, debemos poner fin a la realidad que padecen muchas personas con movilidad reducida que están atrapadas en sus hogares", ha dicho, asegurando que combatirá esta situación mediante la inversión anual de dos millones de euros para la instalación de ascensores en edificios donde vivan personas con problemas de movilidad.
A esta medida se sumará la renovación del plan de accesibilidad universal para espacios públicos, transporte, empleo o a las nuevas tecnologías de la información, entre otros, planes de información y sensibilización sobre los riesgos de exclusión con apoyo del nuevo Foro de Discapacidad y la creación de planes de ocio y tiempo libre para los colectivos de discapacitados, en aplicación de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para permitir su plena inclusión.
"Las empresas con responsabilidad social tendrán prioridad en los procesos de contratación pública por su respeto a la dignidad y a la garantía a la igualdad de condiciones y autonomía personal de este colectivo", ha concluido.
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