La Universidad de Málaga (UMA) ha aportado un informe de un despacho de abogados que avala la naturaleza privada de su Fundación, en el marco a la investigación abierta en la Fiscalía malagueña a raíz de la denuncia presentada por el sindicato CSIF, según han informado fuentes del caso.
La Fiscalía de Málaga abrió diligencias de investigación el pasado mes de octubre para practicar las actuaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos recogidos en la denuncia que presentó el pasado mes de julio el sindicato CSIF sobre el funcionamiento de dicha entidad.
Esta denuncia fue presentada al Tribunal de Cuentas desde donde se remitió a la Fiscalía, que solicita documentos a la Universidad sobre la naturaleza jurídica de la Fundación, que, según la página web, es una entidad de carácter jurídico privada, regulada por la Ley de Fundaciones, constituida en diciembre de 1996.
En dicha denuncia, que ha sido ampliada en tres ocasiones, CSIF reclamaba al Tribunal de Cuentas que "se aclarase el carácter privado o público de la Fguma, ya que es financiada con fondos públicos de la UMA, sin que sus presupuestos hayan sido nunca aprobados", según informó el sindicato en un comunicado.
Igualmente, instó a que se investigara una relación de transferencias de la UMA, entre ellas, los pagos a su Fundación General, con importes de 903.119 euros en 2011, de 1.403.945 euros en 2010 y de 1.343.000 euros en 2009. También se aludía a que dicha entidad "es gestionada económicamente por el yerno de la rectora, así como que también presten servicio en la misma el yerno del gerente de la UMA y el hijo del vicerrector de Coordinación Universitaria".
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