El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha insistido este martes en que el Consistorio no ha dado un trato de favor a los propietarios de la polémica parcela de la Sierra de Churriana que está siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Yedra'.
Más aún, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Mario Cortés, y el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, han indicado en rueda de prensa que los propietarios de los terrenos comunicaron que habían mantenido conversaciones con responsables de la Junta de Andalucía, cercanos al entonces presidente, Manuel Chaves, en las que ya les habían adelantado que se iba a levantar la protección en en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum).
Precisamente, Cortés ha acusado a la Junta de "desproteger" una zona que tenía una especial protección. Durante su comparecencia los ediles del PP han mostrado la documentación relacionada con la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil.
"Queremos demostrar que no ha habido ningún trato de favor a esta empresa que está inmersa en casos de blanqueo de capitales y de tráfico de drogas. En absoluto la presencia del sobrino del alcalde --Daniel Portero-- en este proceso ha supuesto una ventaja por parte del empresario", ha subrayado Cortés.
Asimismo, ha apuntado que el "morbo" de que el promotor se hubiese reunido con De la Torre entre abril y agosto de 2008 tampoco es síntoma de "algún trato de favor". "Fue una de las muchas reuniones que el alcalde tiene con todo el que se lo pide", ha afirmado.
Pomares ha insistido, además, en que la única pretensión del Ayuntamiento ha sido tener la mayor parte de esa sierra con protección. Es por esto que "se le permitió a la promotora la construcción de un hotel a cambio de ceder gratis el 95 por ciento del suelo restante", ha explicado el edil.
ALEGACIONES
Por otra parte, ha matizado que los promotores pidieron a través de una primera alegación la conversión del suelo en urbanizable para construir 970 viviendas, "lo que fue rechazado por la Gerencia de Urbanismo".
Del mismo modo, en una segunda alegación mantuvieron su petición de recalificar el suelo a urbanizable con el objetivo de construir algo más de 400 viviendas y otros espacios tales como albergues juveniles u otras zonas de ocio, ante lo cual Urbanismo volvió a negarse.
En este sentido, ha reiterado el responsable de Urbanismo, los promotores redactaron una alegación en la que afirmaban que mantenían conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, cercanos a Chaves, que "habrían dado su fruto, ya que se iba a levantar la protección urbanística".
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