Las últimas elecciones municipales depararon en la provincia numerosos gobiernos en minoría, bajo la premisa, en muchos casos, de impedir al PP el acceso a las alcaldías. Ocurrió en casos tan significativos como los de Jerez o Cádiz, y ocurrió sin que se tuvieran en cuenta determinadas consecuencias, aunque todas ellas derivadas de la propia debilidad de unos gobiernos sustentados en un aire de cambio que a veces parece haberse quedado solo en la inteción, en un papel o en un deseo cien veces repetido en voz alta, sin que por ello haya terminado por cumplirse, mientras la realidad y el revanchismo se encargaban de despertarles del sueño de los justos.
Por no redundar en las decepciones que arrastra González, José María, después de dos años y pico de confianza desgastada - de tanto usarla-, tomemos el ejemplo de Jerez. Su caso no solo pone de manifiesto la debilidad de un gobierno en raquítica minoría, sino, también, la renqueante falta de compromiso de todo el pleno para sacar adelante la ciudad, que viene a ser como cuando al hambre se le suman las ganas de comer.
Hablo de una debilidad numérica, pero también de una inferioridad categórica, puesto que salvo en el caso de los presupuestos de 2017, el Gobierno local ha sido incapaz de llegar al pleno con los deberes del consenso terminados, ni siquiera en el caso de las ordenanzas fiscales, fundamentales para dar sentido y estabilidad a las cuentas de cada ejercicio. El PSOE ya debería haber aprendido que a los plenos de unos presupuestos o de unas ordenanzas se va como el que acude a jugar una final, para ganarla, no convencidos de antemano de la goleada, porque incide en la propia debilidad y hasta en la propia credibilidad ante la opinión pública, por mucho que busque en el victimismo la coartada que le sirva de consuelo.
Y hablo asimismo de la falta de compromiso que se nutre del electoralismo o del revanchismo, el mismo que atranca el freno de mano bien hacia arriba y que olvida que privar de oportunidades a un gobierno lo puede ser también a la ciudad misma, como se ha apreciado en el pleno celebrado esta semana en Jerez, lo que vuelve a esfumar, si alguien albergaba aún esperanzas de lo contrario, la aún inexplorada vía de un acuerdo coral en torno a un modelo de ciudad sin que deba verse alterado por la alternancia de gobiernos de distinto signo, tan adictos a desbaratar el puzle que encuentran en la mesa de la Alcaldía el día de la mudanza.
Citaba, pues, el caso del pleno de esta semana porque es un retrato fiel de las debilidades y contradicciones de un mandato municipal que tal vez no se parezca mucho al que aspiraban las fuerzas de izquierda, pero tampoco al desastre que daban por hecho los populares, por mucho que hayan hecho de él consigna y mantra permanente.
En el orden del día, las ordenanzas fiscales previstas para el próximo año, y por separado, para evitar la enmienda a la totalidad. Entre ellas, la relativa a la subida del IAE a las empresas que facturen más de un millón de euros al año. Al PSOE no le fallaron ni Ganemos ni IU, bajo la premisa de pedir más al que más gana, frente al discurso de PP y C’s en favor de un tejido empresarial más productivo y atractivo cuanto menos presión fiscal soporte. El tiempo dirá quién de los dos llevaba más razón, aunque el Gobierno no debería olvidar que muchas de las empresas a las que incrementará las tasas son, precisamente, a las que recurre cada año en busca de patrocinios y que a lo mejor ahora dejan de ser tan solícitas.
Y por supuesto, la tasa del agua, establecida por contrato, mas tumbada por IU y, en especial, el PP, que fue quien firmó en su día lo que dice ese contrato, por mucho que se agarre a la excusa de la subida del Consorcio de Aguas, que es hacia donde realmente quieren dirigir sus sospechas para ocultar asimismo su propia contradicción, que es también la del PSOE, nada incómodo con la concesionaria a la que un día pretendió privar de la adjudicación. No sé si cuesta entenderlo, porque el hecho de que no suba el recibo del agua quiere decir que terminaremos por pagarlo entre todos; es decir, a través del Ayuntamiento, con enredos judiciales de por medio y, posiblemente, reclamaciones patrimoniales, nueva prueba manifiesta de que así costará llegar a algún sitio.
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