Un informe sobre la situación de la depuración de las aguas residuales en Málaga, elaborado por la Comisión de Estudio de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), ha advertido este lunes de que el Gobierno andaluz ha recaudado en la provincia en torno a 28,5 millones de euros entre 2011 y 2012 a través del cobro de un plus a los ciudadanos cada mes en su factura del agua, denominado 'canon autonómico', para financiar obras de saneamiento y depuración, que, sin embargo, no se han ejecutado.
El canon autonómico o de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio, con carácter finalista, para financiar, según han indicado en un comunicado desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, 47 de ellas en Málaga, con un coste de 393 millones, con las que cumplir la Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000, que obliga a que todas las aguas de Andalucía estén depuradas a partir de 2015.
Sin embargo, pese a contar con este colchón financiero y la previsión de recaudar en total 86,2 millones hasta 2015 --16,9 millones en 2013, 19,2 millones en 2014, 21,6 en 2015--, el Gobierno andaluz no ha comenzado ninguna y sólo ha licitado o adjudicado cinco.
El informe confirma que el 84 por ciento de la población de la provincia de Málaga cuenta con infraestructura de depuración, concentrada principalmente en los grandes núcleos de la costa, pero esto no significa que depuren la totalidad de sus aguas residuales o que alcancen los requisitos de calidad exigidos por la Comisión Europea.
De los 101 municipios, 42 no tiene Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en ninguno de sus núcleos de población, siendo el Interior la zona más afectada. Además, de las 54 depuradoras de la provincia, 41 presentan alguna deficiencia, funcionan mal o no funcionan.
Existen siete EDAR abandonadas y fuera de servicio por los graves daños causados por las lluvias de final de 2012; una carece de colector de llegada --Villanueva del Rosario--, por lo que no depura; cinco se encuentran obsoletas, con dimensiones insuficientes para la población que atienden; 11 tienen muy mal o mal funcionamiento; otras cinco presentan carencias o problemas de diversa índole, y 12 precisan mejoras en sus sistemas.
En la capital y su área metropolitana sólo depuran las aguas Málaga, Torremolinos y Alhaurín de la Torre, el resto sigue a la espera de la terminación de la futura EDAR del Norte, aún en fase de redacción, incluida también en las 47 obras de interés de la Junta.
Sin embargo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sigue sin dar fecha para su terminación agarrándose a la deficitaria situación económica de las arcas públicas. Una excusa vacía para el Colegio de Ingenieros de Caminos, que sigue preguntándose dónde están los millones recaudados para costear estas infraestructuras, totalmente paralizadas y reprogramadas en Andalucía.
Hay que destacar en la provincia los casos de Alhaurín el Grande --22.785 habitantes--, Coín --21.484-- y Cártama --20.436--, que, pese a su elevada población, carecen de EDAR y vierten sus aguas sin depurar y la de sus núcleos a los cauces del río Guadalhorce y de su afluente, el Fahala.
En la costa la gran asignatura pendiente es Nerja, único municipio de más de 20.000 habitantes en todo el litoral malagueño que carece de EDAR y vierte directamente al mar. En 2012 se adjudicó esta infraestructura por 24 millones y un plazo de 24 meses, pero no se vislumbra su comienzo inminente, pues la consignación presupuestaria no está garantizada en 2013 y difícilmente podrá estar ejecutada en 2015.
A ellos hay que sumar otros municipios menores que, actualmente, no depuran sus aguas y vierten a sus ecosistemas cercanos de especial interés ecológico, como el Valle del Genal --declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)-- y el Valle del Guadalhorce, así como los Parques Naturales de la Sierra de las Nieves, de la Serranía de Ronda y de Los Montes de Málaga, contaminando estos ecosistemas.
El informe considera urgente atajar la situación en el interior de la provincia, donde la mitad de su población, más de 100.000 habitantes --lo que equivaldría a toda la ciudad de Cáceres--, vierte sus aguas sin depurar a las cuencas de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina.
Asimismo, califica de alarmante la "grave degradación" que está sufriendo la calidad de las aguas en el Valle del Genal y el del Guadiaro por la nula depuración en sus núcleos de población. Se estima que la intervención y ejecución de las infraestructuras necesarias en esta zona costarían unos 14 millones de euros, la mitad de los casi 30 que ya ha recaudado la Administración andaluza, pese a lo cual no hay un sólo proyecto puesto en marcha.
Aunque la población del interior no represente más que la cuarta parte de la costera, no se debe obviar que sus aguas sin depurar vierten a los cauces que desembocan en el litoral mediterráneo, contaminando sus playas, según alerta el estudio.
Los plazos para cumplir con la normativa europea en 2015 "están muy comprometidos", teniendo en cuenta que el plazo medio de licitación, adjudicación, redacción del proyecto de la EDAR y construcción alcanza los 20 meses.
España ya tiene abierto por Europa dos procesos sancionadores por no recoger las aguas residuales en diferentes núcleos, 13 de ellos en Andalucía, de los que seis corresponden a Málaga.
ESTUDIO DE ANDALUCÍA
El informe hecho público sobre Málaga forma parte de un estudio exhaustivo que está realizando este colegio profesional en Andalucía, provincia por provincia, para sacar a la luz los posibles incumplimientos e irregularidades que puedan estar cometiéndose y evitar que en 2015 haya sanciones.
Ya se han hecho públicos los de Granada y Cádiz, y el próximo en ver la luz será probablemente el de la provincia de Almería. Según los datos que maneja el colegio, el Gobierno andaluz ha recaudado en la Comunidad, "en un cálculo muy a la baja", más de 100 millones desde mayo de 2011 y en 2012 a través del canon autonómico sin que se hayan llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas.
Si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros en Andalucía por este concepto, de los que de momento se desconoce para qué se están empleando, han señalado los especialistas.
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