Aunque sin duda es un tema aburrido para muchos, me toca hablar de nuevo de las cocheras del Metrocentro por cuanto la semana pasada se publicaban diversas noticias al respecto, a raíz de que la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobara desestimar la acción de nulidad formulada por los vecinos de la calle Diego de Riaño. Como muchos saben, soy el abogado de esa Comunidad y director de ese asunto, que empezó nada menos que en el año 2008. Esa resolución no ha sido notificada aún, con lo cual escribo desconociendo el contenido exacto de la misma.
Pero lo hago sin salir de mi sorpresa tras un año de negociaciones en que no se ha llegado a un acuerdo, para encontrarnos de pronto con una noticia que se publica en un periódico en que se dice entre otras cosas “las denuncias de los vecinos y la a todas luces tramitación irregular del cambio en el PGOU, llevaron al PP, entonces en la oposición, a tomar partido por sus tesis. Una vez en el Gobierno, la Gerencia se puso en contacto con ellos y en febrero de 2014 acordaron suspender el pleito… Desde Urbanismo se ofrece trasladar las cocheras en 5 años… el regreso del caso a los tribunales será una forma de presión a los vecinos para poder seguir negociando...”.
La noticia contiene algunas inexactitudes. Pero digamos que los vecinos por supuesto aceptaban el plazo necesario con un compromiso real de hacerlo, entendiendo que no podía hacerse antes. Lo que ha sucedido más bien es que no quiere asumirse compromiso alguno y ahora que se está en el Gobierno al final se opta por ampararse en los tribunales y en lo que tardan los pleitos para quitarse el problema de encima, aunque con ello se incumpla el compromiso que se había tenido cuando se estaba en la oposición. Y lo que es más grave, aunque con ello se incumpla el compromiso de cumplir la legalidad, que se ha reconcomio siempre que estaba del lado de los vecinos.
Pero es que los poderes públicos no pueden hacer eso de usar los tribunales para presionar a los vecinos. Su obligación es hacer cumplir la ley y servir los intereses generales con objetividad, como impone la Constitución. La desviación de poder se define como el uso de las potestades administrativas para fines diferentes de los previstos por el ordenamiento. No es de recibo que se haga a los vecinos tener que seguir ejerciendo sus derechos ante los tribunales y sosteniendo en su contra que no llevan razón quienes han defendido siempre que la tienen. Son comportamientos políticos que no cabe compartir y que por desgracia se repiten también en este asunto.
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