Como saben, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado por fin sentencia acordando que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (vulgarmente denominado “céntimo sanitario”) no guarda conformidad con la normativa de la Comunidad Económica Europea sobre los hidrocarburos.
En nuestro despacho llevamos más de cuatro años dedicando mucho esfuerzo personal y material a este asunto, que en definitiva viene a significar la defensa de un concepto absolutamente elemental en el mundo jurídico y especialmente en el marco europeo, que parte como principio de que los impuestos no pueden usarse caprichosamente para ser fuente de nuevos ingresos que llenen las arcas del erario público pero careciendo de todo fundamento legal. Esto es, ese céntimo sanitario vulnera principios fundamentales de la directiva comunitaria pues venía a gravar por segunda vez los hidrocarburos sin otra finalidad que recaudar y en base al disfraz de un concepto absolutamente ajeno a esos impuestos.
Pero es que ésta no es una materia nueva en absoluto, y el legislador español (tanto el nacional como el autonómico) no puede ahora decirnos que se sorprende o que de verdad creía que estaba amparado por la normativa. Esto ya se había resuelto por ejemplo en el caso de Austria, en que se creó un impuesto de la misma forma, cargando una suma mínima sobre las bebidas alcohólicas con el pretexto del turismo, estableciendo en ese caso lo que podíamos llamar el céntimo turístico. Y ya entonces el mismo tribunal europeo resolvió la ilegalidad de tal imposición. A pesar de conocer tanto la normativa como esos precedentes, el Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas, mientras vieron que con ese mecanismo recaudaban unas sumas muy importantes, no han dudado en mantenerlo e incluso incrementarlo en lo posible, aunque sin duda tenían que ser conocedores de la ilegalidad que se cometía y desde luego del riesgo que con ello corrían.
Pero es que además resulta en este caso que es el mismo ministro Sr. Montoro el que tiene ahora que responder de esa devolución, aunque tal mecanismo haya sido usado de la misma forma por gobiernos de todas las creencias para los que por encima de todo estaba recaudar en lugar de respetar los derechos de los ciudadanos y el marco europeo al que están sometidos. Pues ahora toca devolver lo que indebidamente ha sido ingresado, en una sentencia que abre la posibilidad a que todos aquellos que puedan justificar que han soportado el pago de este impuesto puedan solicitarlo a las autoridades competentes.
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