Con las siglas T.E.A.C. se designa al Tribunal Económico Administrativo Central, que es un órgano administrativo compuesto por funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos de reconocido prestigio en el ámbito tributario, y con categorías de Director General del Ministerio de Hacienda (el Presidente) y de Subdirectores Generales de ese mismo Ministerio (los vocales). En ambos casos, son nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.
Dicho Tribunal tiene encomendada la labor de conocer, entre otros asuntos, de las reclamaciones económico administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del Ministerio de Hacienda, o de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o de los órganos superiores de las Comunidades Autónomas.
También conocerá en segunda instancia de las reclamaciones interpuestas contra actos que, entre otros supuestos, tengan una cuantía superior a 150.000 euros. Igualmente, puede dictar resoluciones cuyos criterios obligan y orientan a la Administración tributaria en su quehacer diario. En definitiva, se trata de un órgano de gran importancia que tendrá que resolver los principales asuntos tributarios y los de mayor cuantía. Pudiera decirse que representa la “cúspide” de la actividad revisora de la Administración en el ámbito tributario. Con su resolución se agota la vía administrativa y el siguiente recurso posible será ya ante Tribunales de Justicia, concretamente ante la Audiencia Nacional.
Sin embargo, a mediados del pasado año, amparándose en una reorganización ministerial, el Consejo de Ministros cesó en bloque a todos los vocales integrantes de este órgano sin que se dispusiera su relevo, dejando en una situación de interinidad a los funcionarios que representan la última instancia administrativa a la que puede acudir un contribuyente.
Independiente de la cuestión personal de estos vocales cesados, no cabe la menor duda de que se ha creado una situación absolutamente excepcional y muy peligrosa para la seguridad jurídica porque estos vocales cesados siguen desempeñando su labor sin contar con un nombramiento que les habilite para ello. Esto puede generar dudas sobre la validez de las resoluciones que se dicten durante este periodo de tiempo, lo cual podría conllevar unas consecuencias negativas desde el punto de vista de los ingresos públicos. En números concretos, puede decirse que son entre 3.700 y 4.000 las reclamaciones que corren peligro y, teniendo en cuenta las cuantías de cada uno de estos procedimientos, es fácil hacerse una idea de la cifra que representan estas reclamaciones, con el consiguiente perjuicio para las arcas generales del país.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
