De nuevo nos encontramos con distintas referencias en prensa de la ya denominada “guerra de los veladores”, y que ha tenido su último capítulo este fin de semana. No sale uno de su asombro, en relación a los continuos cambios de criterio de nuestro Ayuntamiento en relación al modelo de ciudad que quiere, en lo que a ocupación de vía pública se refiere. Pienso que el problema no es tanto de la conocida como “movida”, que es la que se ha visto afectada en este caso en la zona de Paseo Colón, sino más concretamente de la falta de idea unánime en relación a algo tan común en este ciudad, dada su idiosincrasia, como es la ocupación de la calle.
Cierto es, que los distintos equipos de Gobierno del Consistorio, han gestionado con mayor o peor fortuna esta indiscutible patata caliente de la política local sin atajarla definitivamente. Pero no podemos negar, que encontrar el equilibrio entre la economía local en conjunción con el derecho al ocio y el derecho al descanso, todo ello priorizando la seguridad y el fomento del turismo, es algo que de partida se antoja realmente complejo, y que difícilmente puede resumirse en esta humilde Tribuna de opinión.
Pero, sea como fuere, una realidad incuestionable, es que la incongruencia y la discrecionalidad son enemigas objetivas de una gestión correcta y ordenada de dicho problema, por muy complejo que éste sea. Y, por desgracia, ambas premisas son las que pueden interpretarse de las últimas actuaciones del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla, que sin un claro orden va ejecutando actuaciones que de cara al respetable carecen de coordinación o al menos de una aplicación unitaria.
La reciente y polémica reordenación de la calle San Fernando, la Avenida de la Constitución y la Campana, y sus consecuencias (igualmente recientes) ha dejado el listón muy alto en lo que a una ordenación coercitiva de la vía pública se refiere, siendo un claro exponente de una actuación impositiva y restrictiva, basada en el uso de la potestad discrecional de la administración más que en la búsqueda de una solución consensuada. Se crea, por tanto, una desigualdad evidente con el resto de la ciudad. Quienes han visto cercenados sus derechos por esta vía, es legítimo que anhelen un trato igualitario en otras zonas de Sevilla, que indudablemente pueden estar cometiendo esos mismos “pecados”, pero precisamente éstos han sido permitidos de forma pública y dilatada, e incluso hasta autorizados expresamente, para ahora ser atajados de forma tan sumamente restrictiva.
Es claro, que estas nuevas actuaciones, así como las anunciadas en otras zonas de la ciudad, como en el caso de la calle Mateos Gago, junto con las reformas legislativas de obligado cumplimiento, relativas a la accesibilidad universal, nos deben poner en jaque frente a esa discrecionalidad que trasmite el Ayuntamiento. La excesiva permisibilidad en algunos casos, choca diametralmente con estas últimas actuaciones, alejándose de un criterio uniforme e incurriendo en una clara incongruencia. Por desgracia esta forma de actuar solo puede acabar creando más desconcierto y desigualdad, sin visos de ser la respuesta necesaria para arreglar un problema que claramente nos afecta a todos.
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