Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2011 el 36,8% de las empresas existentes en España eran personas físicas. Si a esto les añadimos sociedades, comunidades y cooperativas sin asalariados, junto con las microempresas (de 1 a 9 asalariados), en las que generalmente hay una persona física de alta como autónomo o una sociedad administrada por un empresario autónomo, el porcentaje de autónomos en España sube hasta el 90% del tejido empresarial español.
Este colectivo, verdadero motor de la economía española, ha estado tradicionalmente desfavorecido respecto a los trabajadores por cuenta ajena, lo que le ha obligado desde sus orígenes a luchar continuamente para adquirir y consolidar derechos sociales y económicos. En esta evolución fue un hito importante la publicación del denominado Estatuto de los Trabajadores Autónomos, norma que fue desarrollada posteriormente recogiendo ya importantes mejoras de protección social (reducción en las cuotas, derecho al desempleo, prestaciones por incapacidad temporal, etc.).
Recientemente se ha publicado en el BOE la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que establece normas sobre la desgravación fiscal de los gastos de suministro de la vivienda (agua, gas, electricidad, telefonía e internet) en la que trabaja el autónomo. Dicha Ley, en palabras de representantes del sector, traiciona el compromiso que existió entre el PP y Ciudadanos con los autónomos de que la desgravación de estos gastos fuera del 30% como estaba previsto en el Proyecto de Ley, ya que lo que ha resultado aprobado es que el porcentaje deducible será del 30% de la parte proporcional de la vivienda utilizada como lugar de trabajo. Todo esto hace que en realidad, en la práctica, esta desgravación fiscal será del 30% del 30%, es decir, entre el 6% y el 9% de media, que desde luego nada tiene que ver con el 30% prometido.
La justificación de esta medida, según el Ministerio de Hacienda, es la conveniencia en aras de la seguridad jurídica de la fijación de un porcentaje objetivo para evitar los problemas que se producen en la práctica a la hora de probar la realidad del gasto y su cuantía. En definitiva, las razones que se alegan son la seguridad jurídica y la necesidad de cuadrar los presupuestos. Por el contrario, el PSOE ha afirmado que se está perjudicando a los “sufridos trabajadores autónomos”.
Desafortunadamente, una vez más, no se ponen de acuerdo nuestros políticos y restringen derechos a quienes soportan casi en su totalidad la economía y el crecimiento. No parece que sea una buena medida la adoptada...
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