En alguna que otra ocasión en esta misma Tribuna he confesado mi afición a las redes sociales, que considero como el mejor instrumento para reflejar de forma inmediata, por un lado, la sociedad en su conjunto y, por otro, a cada persona individualmente.
Los últimos datos hablan de 2.300 millones de usuarios (no podemos olvidar que en el mundo hay 7.400 millones de personas), lo que supone una auténtica barbaridad. Tal es así que se crea un usuario nuevo cada 12 segundos. Sólo Facebook apertura medio millón de perfiles nuevos al día y por su parte Twitter cuenta ya con 1300 millones de cuentas activas. Sólo en publicidad se han obtenido más de 10.000 millones de dólares en recaudación en 2016. Estos números de vértigo solo pueden ratificar que se trata del reflejo real de una sociedad completamente globalizada y digital, controlada y mostrada en las mismas de forma irremediable, para lo bueno y también para lo malo.
Pero si bien las redes sociales tienen muchas virtudes, y sirven como el más rápido, universal e inmediato instrumento de comunicación y de opinión, es también a la vez el peor de ellos, pues es capaz de destruir realidades con la misma rapidez. Esa inmediatez en el intercambio de información, conlleva que ésta sea en demasiadas ocasiones errónea y muchas veces malintencionada. Es por ello que el daño que se puede ocasionar a la legitimidad de instituciones, empresas y personas llegue a ser irremediable, precisamente por la falta de control en la información no contrastada. Así lo hemos visto en multitud de ocasiones, como por ejemplo, en los conocidos como fallecimientos virtuales, al dar por hecho la muerte de algún personaje relevante que se extiende de forma fulgurante por la red, hasta que al cabo de unas horas el propio afectado aparece desmiento la noticia. Así nacen las polémicas virales sin fundamento, o los meros bulos movidos por los conocidos como “trolls”, que no dejan de ser perfiles ocultos de gente que precisamente se aprovechan de todo lo anterior para alimentar interesadamente falacias que saben correrán como la pólvora a base de la solidaridad virtual.
Ejemplo más claro de ello ha sido la errónea interpretación de la modificación de la Ley de Montes y su presunta culpabilidad en el incendio intencionado que ha arrasado parte del término municipal de Moguer. Han sido miles de personas las que, empujados por un legítimo sentimiento de rabia e impotencia ante la magnitud del siniestro, han colaborado sin saberlo como transmisores de una clara malintencionada interpretación de dicha norma, convirtiendo en casi verdad algo irreal simplemente por el hecho de repetirlo muchas veces, o en este caso por medio de un retwett o un me gusta. El impacto es de tal magnitud, que de nada ha servido los distintos desmentidos y declaraciones oficiales, de ahí la fuerza y a la vez el peligro de la falta de control.
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